Fernando Rejal sostuvo que el intento de modificar la Ley 26.737 revive el conflicto que dio origen a la norma hace quince años, cuando un remate judicial incluyó unas 200.000 hectáreas en La Rioja donde vivían decenas de familias. El Senado debatirá el proyecto el próximo 6 de agosto y la iniciativa volvió a abrir una fuerte discusión sobre la compra de tierras por extranjeros, los recursos naturales y las zonas de frontera.

La discusión sobre la reforma de la Ley de Tierras Rurales volvió a colocar a La Rioja en el centro de un debate nacional. A pocos días de que el Senado trate el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen vigente, el senador riojano Fernando Rejal recordó el caso de Valle Hermoso, el conflicto territorial que derivó en la sanción de la Ley 26.737 y que hoy reaparece como uno de los principales argumentos de quienes rechazan la iniciativa oficial.

En declaraciones radiales, el legislador afirmó que la historia de Valle Hermoso demuestra por qué el Congreso decidió establecer límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

«Valle Hermoso fue el antecedente más importante para que saliera después la Ley 26.737, que es la que ahora pretenden modificar», sostuvo. Según el senador, la nueva iniciativa utiliza el concepto de «inviolabilidad de la propiedad privada» para encubrir una flexibilización de las restricciones sobre la compra de tierras estratégicas por capitales extranjeros.

El pueblo que fue vendido junto con un campo

El caso ocurrió en 2008 y tuvo repercusión nacional.

Durante un proceso judicial se remataron alrededor de 200.000 hectáreas en el departamento Vinchina, en plena precordillera riojana. Dentro de esa superficie se encontraba Valle Hermoso, una comunidad integrada por decenas de familias que habitaban el lugar desde hacía generaciones.

«Los pobladores terminaron siendo incluidos dentro de la venta del campo. Después se intentó hacerles firmar un comodato haciéndoles creer que era el título de propiedad, cuando en realidad significaba reconocer que la tierra pertenecía al comprador», recordó Rejal.

El senador explicó que la operación nunca terminó consolidándose porque el Gobierno de La Rioja no inscribió la transferencia en el Registro de la Propiedad y los habitantes promovieron una acción judicial de nulidad patrocinada por el entonces abogado Emilio Rodríguez, hoy fiscal de Estado.

La controversia llegó incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que resolvió que la cuestión debía ser tratada por la Justicia provincial.

Finalmente, la transferencia quedó sin efecto y los pobladores conservaron sus derechos posesorios sobre las tierras.

Recursos estratégicos y zonas de frontera

Para Rejal, el conflicto de Valle Hermoso no era únicamente una discusión inmobiliaria.

«Estamos hablando de una zona de frontera, donde están los glaciares y una de las principales reservas de agua dulce de una de las provincias más áridas del país», afirmó.

El legislador sostuvo que la ley vigente protege áreas consideradas estratégicas desde el punto de vista ambiental, hídrico y de la seguridad nacional.

A su entender, eliminar esos límites implicaría facilitar la adquisición de grandes extensiones por parte de intereses extranjeros.

«La posibilidad de una venta indiscriminada del territorio pone en riesgo la soberanía y la seguridad de la Nación», advirtió.

La reforma que divide al Congreso

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo propone modificar aspectos centrales de la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La iniciativa busca eliminar el límite nacional del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales y trasladar a las provincias una mayor capacidad de regulación sobre esas operaciones, manteniendo controles específicos para compras realizadas por Estados extranjeros o sociedades bajo su control.

El oficialismo sostiene que el régimen vigente desalienta inversiones y restringe innecesariamente el desarrollo económico.

Sin embargo, la propuesta generó resistencias tanto en bloques opositores como entre algunos sectores dialoguistas, motivo por el cual el tratamiento previsto inicialmente debió postergarse hasta la sesión convocada para el 6 de agosto.

«¿Qué problema quieren resolver?»

Rejal también cuestionó los fundamentos del proyecto.

«Uno cambia una ley cuando encuentra un problema y quiere mejorarla. En este caso no se explica qué problema se busca resolver», afirmó.

El senador recordó además su intercambio con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, durante el tratamiento parlamentario de la iniciativa.

«Le pregunté para qué querían cambiar la ley y a qué intereses respondía esa modificación. No obtuvo una respuesta concreta», aseguró.

Según el legislador riojano, la reforma forma parte de una secuencia de iniciativas que incluyen el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), modificaciones introducidas por la Ley Bases y otros cambios normativos que, en su opinión, reducen la capacidad del Estado para proteger recursos estratégicos.

Una discusión que trasciende a La Rioja

El debate sobre la propiedad de la tierra volvió a instalarse con fuerza durante las últimas semanas.

El Gobierno considera que la flexibilización del régimen permitirá atraer inversiones y otorgar mayor seguridad jurídica a quienes deseen adquirir inmuebles rurales en la Argentina. También señaló que el proyecto mantiene restricciones específicas para adquisiciones realizadas por Estados extranjeros, aunque elimina buena parte de los límites cuantitativos establecidos por la legislación vigente.

Por su parte, se reflejó las diferencias surgidas dentro del Senado respecto del alcance de la reforma y señaló que algunos gobernadores buscan conservar herramientas para controlar operaciones sobre tierras consideradas estratégicas en sus provincias.

En tanto, el oficialismo continúa negociando apoyos para alcanzar la mayoría necesaria y que uno de los puntos más controvertidos sigue siendo el tratamiento de las zonas de frontera y de los recursos naturales asociados a ellas.

Un antecedente que vuelve al centro del debate

Quince años después de la sanción de la Ley de Tierras, el caso Valle Hermoso volvió a convertirse en uno de los principales argumentos de quienes rechazan su modificación.

Para Rejal, aquella experiencia demostró que detrás de una operación inmobiliaria pueden quedar involucrados derechos históricos de comunidades rurales y recursos estratégicos para el país.

«Esta ley no beneficia a ningún ciudadano argentino. Lo que hace es favorecer a grandes grupos extranjeros que buscan adquirir tierras estratégicas», sostuvo.

El próximo 6 de agosto, cuando el Senado vuelva a discutir la iniciativa, el conflicto que comenzó en un pequeño pueblo de la precordillera riojana volverá a tener un lugar destacado en una discusión que trasciende a La Rioja y pone en tensión dos modelos contrapuestos: uno que prioriza la apertura del mercado de tierras como mecanismo para atraer inversiones y otro que sostiene que la propiedad rural, especialmente en zonas de frontera y con recursos naturales críticos, constituye un componente esencial de la soberanía nacional.