El Foro de Periodismo Argentino expresó su preocupación por la imputación contra la periodista Yolanda Alaniz, directora de la página «La Voz Costeña» de Anillaco. La organización sostuvo que utilizar el sistema penal contra trabajadores de prensa constituye un “abuso institucional” e instó a la Justicia riojana a garantizar el ejercicio del periodismo sin represalias. El caso vuelve a poner en el centro del debate la libertad de expresión en el país.

La libertad de expresión volvió a instalarse en el centro del debate público tras un nuevo pronunciamiento del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que cuestionó la actuación de la Justicia de La Rioja en una causa iniciada contra la periodista Yolanda Alaniz, directora de la página de Facebook La Voz Costeña, con sede en Anillaco.

A través de un comunicado difundido este martes, la organización manifestó su «preocupación» por la causa penal por presunta «desobediencia judicial» promovida por la jueza de Aimogasta Sandra del Valle Molina, en el marco de una medida perimetral recíproca originada por una denuncia presentada por Rosana Morales.

Según informó FOPEA, Alaniz fue imputada por ese delito y debió presentarse en la Comisaría de Anillaco, donde se le tomaron huellas dactilares como parte del procedimiento judicial.

La posición de FOPEA

En su pronunciamiento, la entidad sostuvo que la utilización del proceso penal contra periodistas independientes representa un riesgo para la libertad de expresión.

«El sistema penal está diseñado para perseguir delitos y proteger a la sociedad. Su uso contra periodistas independientes constituye un abuso institucional y un intento de amedrentar y silenciar voces críticas», expresó la organización.

FOPEA agregó que, de acuerdo con el testimonio de la periodista, Alaniz aseguró que no incumplió la medida judicial ni volvió a mencionar públicamente a la denunciante después del incidente ocurrido el 23 de junio frente a la Fiscalía de Aimogasta.

Por ese motivo, el Foro instó a la Justicia riojana a «cesar en su persecución» y a garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio del periodismo «sin represalias ni amenazas».

Un conflicto que se arrastra desde junio

El caso no constituye el primer pronunciamiento de FOPEA relacionado con la periodista riojana.

A comienzos de junio, la organización había cuestionado una presentación judicial impulsada por el diputado provincial Marcelo Del Moral, quien solicitó una tutela preventiva para que cesara la difusión de contenidos publicados por La Voz Costeña y se eliminaran determinadas publicaciones vinculadas con un conflicto escolar de interés público.

En aquella oportunidad, FOPEA consideró que recurrir a la Justicia para intentar impedir publicaciones periodísticas constituía un intento de censura, especialmente tratándose de un funcionario público, y remarcó que las controversias vinculadas con asuntos institucionales deben resolverse con mayor transparencia y no mediante restricciones al trabajo de la prensa.

Semanas después, el organismo volvió a intervenir cuando Alaniz denunció haber sido agredida mientras realizaba una transmisión en vivo frente a la Fiscalía de Aimogasta, además de haber recibido amenazas en el marco de la cobertura del mismo conflicto. En ese momento, FOPEA reclamó que prevalecieran el respeto institucional y las garantías para el ejercicio periodístico.

Un debate nacional sobre la libertad de prensa

El nuevo comunicado se produce en un contexto de creciente discusión sobre las condiciones en las que se desarrolla la actividad periodística en la Argentina.

Durante los últimos meses, se informó sobre distintos conflictos vinculados con la relación entre periodistas, funcionarios y el Poder Judicial, así como sobre debates relacionados con la protección de la libertad de expresión y el alcance de las decisiones judiciales respecto de publicaciones periodísticas.

En paralelo, se publicaron diversas coberturas sobre controversias entre dirigentes políticos, medios de comunicación y organizaciones de prensa, en un escenario en el que FOPEA incrementó la frecuencia de sus pronunciamientos públicos frente a situaciones que considera restrictivas para el ejercicio profesional.

De hecho, el propio Foro difundió recientemente nuevos lineamientos para la protección del trabajo periodístico y reiteró sus reclamos por distintas restricciones al acceso a la información y por hechos que, a su entender, afectan el normal ejercicio de la libertad de expresión.

El alcance institucional del caso

Aunque la causa judicial involucra a una periodista de una localidad del interior riojano, el pronunciamiento de FOPEA proyectó el expediente al plano nacional al presentar el caso como un precedente sobre los límites entre las medidas judiciales de protección, el derecho al honor y el ejercicio de la actividad periodística.

La organización insistió en que el funcionamiento del sistema penal no debe utilizarse para desalentar investigaciones o coberturas de interés público y recordó que el respeto por la libertad de expresión constituye uno de los pilares del sistema democrático.

Mientras la causa continúa su trámite en la Justicia provincial, el episodio vuelve a colocar a La Rioja en el centro de un debate que trasciende las fronteras provinciales: el equilibrio entre las decisiones judiciales, la protección de derechos individuales y las garantías constitucionales para el libre ejercicio del periodismo.