La diputada provincial Gabriela Rodríguez confirmó que la UCR impulsará un amparo colectivo para solicitar la suspensión de los incrementos en las facturas de energía. El exviceintendente Guillermo Galván cuestionó la demora de la Justicia para resolver una presentación similar y denunció presuntas irregularidades en la facturación, el rol del EUCOP y la falta de audiencias públicas.

El fuerte aumento registrado en las facturas de electricidad volvió a instalarse en el centro de la agenda política de La Rioja. Dirigentes de la Unión Cívica Radical anunciaron que impulsarán nuevas acciones judiciales contra Edelar con el objetivo de frenar lo que consideran un incremento «desmedido» de las tarifas, mientras cuestionaron la actuación del ente regulador provincial y reclamaron una mayor intervención de la Justicia.

La diputada provincial por Chilecito, Gabriela Rodríguez, confirmó que el radicalismo trabaja junto a abogados del partido y profesionales independientes en la presentación de un amparo colectivo destinado a suspender la aplicación de los aumentos hasta que se determine la legalidad del esquema tarifario.

La legisladora sostuvo que numerosos usuarios recibieron facturas que oscilan entre los $400.000 y los $800.000 en viviendas particulares, pese a que, según afirmó, no hubo modificaciones significativas en el consumo eléctrico.

«Es imposible afrontar boletas de ese monto cuando las familias siguen teniendo los mismos electrodomésticos y el mismo nivel de consumo. Hay personas a las que les llegó una factura superior a su salario», aseguró.

Rodríguez cuestionó además la falta de información brindada por la distribuidora y sostuvo que ni Edelar ni el Ente Único de Control de Privatizaciones (EUCOP) ofrecieron explicaciones suficientes sobre la composición de las tarifas.

«La información nunca fue clara. Los usuarios tenemos derecho a conocer cómo se calcula cada concepto de la factura», afirmó.

El planteo judicial

Según explicó la diputada, el objetivo del amparo es obtener una medida cautelar que suspenda la aplicación de los incrementos mientras la Justicia analiza el fondo del conflicto.

La dirigente radical también vinculó el reclamo con la ausencia del Defensor del Pueblo provincial, figura prevista en la Constitución riojana pero que nunca fue designada.

A su entender, ese organismo debería representar colectivamente a los usuarios frente a presuntos abusos del Estado o de empresas prestatarias de servicios públicos.

«El ciudadano común no tiene recursos para enfrentar al Estado en un juicio. Para eso existe el Defensor del Pueblo, que tendría legitimación para actuar en representación de todos los usuarios», señaló.

Rodríguez también cuestionó que La Rioja cuente con parques eólicos sin que, según su interpretación, ello se traduzca en beneficios para los consumidores.

«Queremos saber en qué favorecieron esas inversiones a los riojanos. Hoy seguimos teniendo una de las tarifas más altas de la región», sostuvo.

Galván: «La Justicia lleva más de 60 días sin resolver»

En paralelo, el abogado y exviceintendente capitalino Guillermo Galván recordó que él mismo promovió un amparo hace más de dos meses y criticó la demora del Poder Judicial en resolver una causa que, por su naturaleza, debería tramitarse con rapidez.

«El amparo es la herramienta más urgente prevista por la Constitución y, sin embargo, después de más de 60 días todavía no tenemos una respuesta», afirmó.

Galván sostuvo que el incremento de las facturas responde a una combinación de factores: la reducción parcial de subsidios nacionales, el aumento del Valor Agregado de Distribución dispuesto por la Provincia y la incorporación de distintos conceptos que, según denunció, resultan improcedentes.

Entre ellos mencionó el cobro correspondiente al Decreto 1037, la tasa de alumbrado, barrido y limpieza y el aporte destinado al EUCOP.

El dirigente aseguró que esos ítems representan aproximadamente un 20% adicional sobre el monto final de la factura y cuestionó que algunos de ellos se apliquen sin cumplir los procedimientos previstos por la legislación vigente.

Reclamos por las audiencias públicas

Uno de los principales cuestionamientos formulados por Galván apunta a la ausencia de audiencias públicas para discutir las modificaciones tarifarias.

El abogado sostuvo que la normativa nacional y provincial que regula los servicios públicos exige ese mecanismo de participación ciudadana antes de aplicar aumentos en servicios monopólicos como la distribución eléctrica.

«Desde hace varios años no se realizan audiencias públicas y los usuarios desconocen cómo se conforma realmente la tarifa», manifestó.

Además, denunció que solicitó judicialmente información sobre balances de la empresa, resoluciones internas y el sistema utilizado para la lectura de medidores, al considerar que existen dudas sobre la metodología empleada para determinar los consumos facturados.

Un conflicto con impacto político

La presentación de un nuevo amparo anticipa la judicialización de uno de los temas que mayor malestar genera entre usuarios residenciales, comerciantes, productores e industriales riojanos.

Mientras desde la oposición insisten en que los incrementos carecen de suficiente fundamentación técnica y transparencia, Edelar ha sostenido públicamente que la tarifa provincial permanece congelada y que las variaciones obedecen principalmente al consumo registrado y a las modificaciones del esquema nacional de subsidios.

Con el conflicto escalando en el plano político y judicial, la resolución de los amparos y la eventual intervención de la Justicia provincial podrían convertirse en un factor determinante para definir el futuro del debate tarifario en La Rioja.