El fiscal de Estado riojano, Emilio Rodríguez, advirtió que el derecho a la propiedad «no es absoluto» y respaldó la legislación actual en medio de las disputas por la venta de tierras a extranjeros.

El debate en torno a la regulación de la propiedad de la tierra en la Argentina sumó un nuevo capítulo de tensión entre las provincias y el Ejecutivo nacional. En esta oportunidad, el gobierno de La Rioja rechazó enfáticamente la iniciativa que busca la «inviolabilidad de la propiedad privada», al señalar que vulnera competencias federales y distorsiona las garantías ya contempladas en la Constitución Nacional.

“Desde la experiencia concreta de haber defendido un pueblo que fue vendido a un extranjero, debemos defendernos contra la ley mal llamada de ‘Inviolabilidad’”, sostuvo el fiscal de Estado riojano, Emilio Rodríguez, en declaraciones a Futurock. El funcionario provincial, quien representó legalmente a la comunidad de Valle Hermoso en un litigio territorial, remarcó la importancia de conservar la vigencia de la actual Ley de Tierras.

Durante la entrevista radial, el fiscal argumentó que el marco legal vigente constituye una herramienta indispensable para garantizar la soberanía sobre los recursos naturales y evitar la extranjerización desmedida de las fronteras interiores. Según planteó, la propuesta oficialista no solo resulta innecesaria, sino que entra en conflicto con principios constitucionales consolidados.

“La propiedad privada ya está claramente establecida en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Es un derecho, pero no es un derecho absoluto”, enfatizó Rodríguez. En ese sentido, explicó que el ejercicio del dominio privado debe darse en armonía con otras garantías de interés público, tales como el federalismo y la protección ambiental en los territorios subnacionales.

La postura fijada por la administración riojana reaviva la discusión entre la Nación y los estados provinciales por el control de la tierra y los recursos estratégicos, una agenda sensible que contrapone la flexibilización de inversiones privadas con los reclamos de soberanía y desarrollo local en el interior del país.