El fiscal Luis González Aguirre confirmó que la reconstrucción del hecho fue «productiva», aunque evitó adelantar conclusiones. Los acusados hicieron uso de su derecho a no autoincriminarse y no intervinieron en la diligencia, un aspecto que volvió a instalar el debate sobre el alcance de las garantías constitucionales frente a investigaciones por muertes violentas.

La investigación por la muerte de Ilda Goyochea sumó una nueva instancia clave con la reconstrucción del hecho realizada en la vivienda del barrio Infantería, en la ciudad de La Rioja. Aunque la diligencia permitió incorporar nuevos elementos a la causa, un aspecto concentró la atención: los imputados decidieron no participar de la reconstrucción haciendo uso de su derecho constitucional a no autoincriminarse.

La decisión, respaldada por la Constitución Nacional, suele generar debate cada vez que un caso de alto impacto social llega a esta instancia. Mientras para el sistema judicial constituye una garantía esencial del debido proceso, para parte de la opinión pública suele despertar interrogantes sobre el avance de investigaciones en delitos graves.

El fiscal Luis González Aguirre fue enfático al explicar que esa conducta no puede ser interpretada como un indicio de culpabilidad.

«Los acusados tienen su derecho constitucional de no autoincriminación. Esto significa que pueden abstenerse de realizar cualquier declaración o acto que pudiera llegar a incriminarlos», afirmó.

El representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que se trata de un derecho reconocido para cualquier ciudadano sometido a un proceso penal y que su ejercicio debe ser respetado sin generar consecuencias procesales adversas.

Una reconstrucción bajo estricta reserva

La reconstrucción se desarrolló en el inmueble donde ocurrió el hecho investigado y forma parte de las medidas probatorias ordenadas por la Fiscalía para intentar reconstruir con precisión la secuencia de los acontecimientos.

Si bien González Aguirre evitó brindar detalles específicos sobre el resultado de la diligencia, confirmó que la evaluación preliminar es positiva para la investigación.

«Desde la perspectiva de la Fiscalía, la reconstrucción del hecho ha sido una medida productiva. Ha permitido incorporar elementos de utilidad para el análisis del caso y aportar mayor claridad sobre distintas circunstancias que son objeto de investigación», sostuvo.

El fiscal insistió, sin embargo, en que todavía resulta prematuro realizar conclusiones públicas porque el expediente transita una etapa inicial y la prueba debe ser analizada de manera integral.

«Debemos resguardar la investigación y evitar interpretaciones aisladas que puedan afectar el análisis de toda la evidencia», explicó.

Lo que viene en la causa

Tras la reconstrucción, la investigación continuará con nuevas medidas probatorias que ya fueron programadas por el Ministerio Público Fiscal.

Entre ellas se encuentran nuevas pericias técnicas y el análisis de evidencia que será incorporada al expediente para contrastar los distintos elementos reunidos desde el inicio de la investigación.

El objetivo de los investigadores es determinar con el mayor grado de certeza posible la mecánica del hecho y establecer las responsabilidades penales que pudieran corresponder.

Un debate que trasciende el caso

Más allá de la evolución del expediente, la decisión de los imputados de no participar activamente en la reconstrucción vuelve a poner sobre la mesa una discusión que suele repetirse en los procesos penales de mayor repercusión: el equilibrio entre las garantías constitucionales de los acusados y la expectativa social de obtener respuestas rápidas en investigaciones por muertes violentas.

Desde la Fiscalía insisten en que el respeto al debido proceso no representa un obstáculo para el esclarecimiento del caso, sino una condición indispensable para que cualquier eventual responsabilidad penal quede sustentada en pruebas sólidas y pueda sostenerse ante los tribunales.

Con la reconstrucción ya realizada y nuevas medidas probatorias en marcha, la causa por la muerte de Ilda Goyochea entra ahora en una etapa en la que la evidencia científica y técnica será determinante para definir el rumbo de una investigación que sigue bajo estricto secreto procesal.