Juan Carlos Pagotto acompañó al Gobierno nacional, mientras que María Florencia López y Fernando Rejal rechazaron el proyecto. La media sanción abre un nuevo escenario sobre desalojos, expropiaciones y seguridad jurídica.
La representación riojana quedó dividida
La votación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada mostró posiciones diferentes entre los tres representantes de La Rioja en el Senado. El resultado general fue de 37 votos afirmativos y 33 negativos.
El senador Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, acompañó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional. En cambio, María Florencia López, de Unión por la Patria, y Jesús Fernando Rejal, de Convicción Federal, votaron en contra.
Así votaron los senadores riojanos
| Senador | Bloque | Voto |
|---|---|---|
| Juan Carlos Pagotto | La Libertad Avanza | A favor |
| María Florencia López | Unión por la Patria | En contra |
| Jesús Fernando Rejal | Convicción Federal | En contra |
Qué establece la iniciativa
El proyecto introduce cambios sobre el régimen de propiedad privada. Entre los principales puntos se encuentran procedimientos judiciales más rápidos para los desalojos, la restitución anticipada de inmuebles bajo determinadas condiciones, nuevas reglas para las expropiaciones, criterios de actualización para las indemnizaciones y la digitalización de los registros inmobiliarios.
Durante el debate, el oficialismo retiró los capítulos referidos a la venta de tierras rurales a extranjeros y a la modificación de la Ley de Manejo del Fuego para reunir los votos necesarios.
Qué puede significar para La Rioja
El resultado cobra relevancia para La Rioja por el peso de los proyectos de infraestructura, las políticas de desarrollo territorial y el crecimiento de la actividad minera. Una eventual sanción definitiva podría incidir en futuros procesos vinculados con expropiaciones, conflictos de ocupación, emprendimientos productivos y grandes inversiones.
La discusión continuará en la Cámara de Diputados, donde volverán a confrontar quienes buscan reforzar la protección de la propiedad privada y quienes advierten sobre posibles límites a la intervención estatal en asuntos de interés público.
