La jefa del bloque libertario cuestionó al peronismo durante el debate por la propiedad privada. La senadora riojana criticó al Gobierno por retirar capítulos centrales y la representación provincial terminó con un voto a favor y dos en contra.
La Rioja quedó en el centro del debate
La sesión del Senado que otorgó media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada terminó con un fuerte cruce político entre Patricia Bullrich y referentes del peronismo. La discusión tuvo un capítulo especialmente relevante para La Rioja: María Florencia López cuestionó la estrategia del oficialismo y los tres representantes de la provincia votaron divididos.
El proyecto fue aprobado en general por 37 votos afirmativos y 33 negativos y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados. Sin embargo, el Gobierno llegó a la votación después de retirar dos de los apartados que habían generado mayor resistencia: la modificación de la Ley de Tierras y el capítulo referido a la Ley de Manejo del Fuego.
La crítica de Florencia López al Gobierno
Durante el debate, Florencia López apuntó contra los cambios sucesivos introducidos por La Libertad Avanza y sostuvo que el oficialismo había llegado al recinto sin los votos necesarios para sostener su propuesta original.
“Gobierno chapucero, desorganizado, que se encuentra totalmente improvisado, que inventa e hizo alarde del ‘si pasa, pasa’”
María Florencia López, senadora por La Rioja
La legisladora riojana agregó que, cuando el Gobierno advierte que no cuenta con respaldo suficiente, “directamente cambia los temas”. Su intervención se produjo luego de que el oficialismo desistiera del capítulo sobre venta de tierras a extranjeros y mientras aumentaban las objeciones al intento de modificar las restricciones posteriores a incendios forestales.
Cómo votaron los tres senadores de La Rioja
- Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, votó a favor.
- María Florencia López, de Unión por la Patria, votó en contra.
- Jesús Fernando Rejal, de Convicción Federal, votó en contra.
La delegación provincial quedó así con un voto afirmativo y dos negativos. La posición de Pagotto acompañó al bloque oficialista, mientras que López y Rejal se sumaron al rechazo opositor.
El cruce de Bullrich con el peronismo
En el cierre de la sesión, Bullrich defendió la iniciativa y afirmó que la propiedad privada debía garantizarse tanto frente a ocupaciones como ante demoras en las indemnizaciones por expropiaciones. Según la senadora, el promedio para cobrar después de una expropiación puede llegar a 18 años.
La jefa del bloque libertario también lanzó acusaciones contra dirigentes peronistas por el manejo y la adquisición de tierras fiscales y dirigió parte de sus cuestionamientos al exgobernador chaqueño Jorge Capitanich. El senador rechazó esas imputaciones, negó irregularidades y pidió que se respetara su honor. Las afirmaciones de Bullrich quedaron planteadas como acusaciones políticas dentro del recinto.
Qué quedó finalmente del proyecto
Tras las concesiones realizadas por el oficialismo, el texto conserva cambios sobre expropiaciones y desalojos. Para las expropiaciones, exige una definición específica y concreta de la utilidad pública, incorpora el valor de mercado como referencia y admite el lucro cesante cuando pueda acreditarse de manera objetiva.
En materia de alquileres habitacionales, establece una intimación previa de al menos diez días corridos ante la falta de pago y dispone que el proceso judicial continúe por el procedimiento más breve previsto en cada jurisdicción.
En cambio, al retirarse el capítulo de Manejo del Fuego, permanecen vigentes las restricciones actuales que impiden durante 30 o 60 años —según el tipo de terreno— modificar el uso, lotear o vender superficies afectadas por incendios. Esa decisión tuvo especial interés para las provincias con recursos naturales y extensiones rurales, entre ellas La Rioja.
La media sanción dejó una doble lectura política para la provincia: Pagotto respaldó la agenda legislativa de Javier Milei, mientras que López y Rejal rechazaron un proyecto que, aun después de perder dos capítulos centrales, mantuvo cambios significativos sobre el régimen de propiedad y los procesos de desalojo.
Qué aplicación tendría en La Rioja
Un punto central para los lectores riojanos es el alcance territorial de la reforma. Los cambios procesales sobre desalojos se aplicarían de manera directa en la Ciudad de Buenos Aires y en inmuebles sometidos a jurisdicción nacional, porque modifican el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Su aplicación en los tribunales provinciales de La Rioja no sería automática: dependerá de la normativa procesal local y de las decisiones que adopte la provincia.
El texto establece que los desalojos urbanos y rurales dentro de su competencia tramiten por juicio sumarísimo. También permite solicitar la restitución anticipada del inmueble frente a intrusos o tenedores precarios, bajo caución juratoria y antes de la sentencia definitiva.
A pedido de sectores dialoguistas se incorporó una protección específica cuando en el inmueble viven menores de edad o personas con discapacidad. En esos casos, el juez deberá dar intervención a los organismos competentes y otorgar hasta diez días para asegurar una alternativa habitacional transitoria, sin detener definitivamente el proceso.
Agricultores familiares y regularización de tierras
La iniciativa también incluye una cláusula para facilitar la regularización dominial de inmuebles rurales. Extiende el régimen de prescripción de diez años contemplado en la llamada Ley Pierri a agricultores familiares que residan y produzcan en esos predios. El punto puede tener impacto en La Rioja por la presencia de pequeños productores y explotaciones familiares que todavía enfrentan dificultades para acreditar el dominio formal de sus tierras.
Cómo se calcularían las expropiaciones
La indemnización deberá tomar el valor objetivo o de mercado del bien y los daños directos. El lucro cesante sólo será reconocido si se acredita mediante pruebas concretas y tendrá, como regla, un límite equivalente al 30% del daño emergente, salvo que el propietario demuestre una afectación superior.
Los montos se actualizarán por el Índice de Precios al Consumidor más una tasa vinculada a los plazos fijos del Banco Nación. Para las ocupaciones temporales por parte del Estado, el proyecto delimita el “estado de necesidad” y fija un máximo de 90 días, prorrogable una sola vez por igual período ante circunstancias graves.
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