Santiago Azulay afirmó que la Secretaría denunció el hecho ante la Justicia y entregará nuevos elementos al fiscal Walter Alanís. El funcionario estimó que el fuego afectó 13.000 hectáreas, pero aclaró que la causa todavía debe determinar si existió una acción deliberada o negligente.

Claves

• La Secretaría de Ambiente presentó una denuncia para investigar el origen del incendio.
• Azulay anunció que aportará nuevos medios de prueba a la Fiscalía de Chilecito.
• El funcionario estimó en 13.000 hectáreas la superficie afectada.
• La hipótesis de intencionalidad se apoya, según su relato, en restos de bancos hallados en el Portezuelo de la Yareta.
• No se informó la existencia de personas imputadas ni una conclusión pericial definitiva.
• Las cenizas no llegarían directamente al acuífero profundo, pero el incendio puede afectar su recarga y acelerar la erosión.

La Secretaría de Ambiente de La Rioja aportará nuevos elementos a la investigación judicial por el incendio de Guanchín, en Chilecito. Así lo informó su titular, Santiago Azulay, quien sostuvo que existen indicios que justifican analizar una posible acción intencional en el inicio del fuego.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía a cargo de Walter Alanís. Azulay dijo que el organismo ambiental realizó inspecciones, registró imágenes y reunió elementos que serán incorporados al expediente. Hasta el momento no se comunicaron imputaciones ni una conclusión oficial sobre la causa.

El punto de inicio bajo investigación

De acuerdo con la información preliminar expuesta por el secretario, el foco se habría iniciado en un mirador turístico conocido como Portezuelo de la Yareta. En el lugar había bancos de madera instalados por el área de Turismo de Chilecito.

Azulay relató que, durante la inspección, encontraron tablas partidas, quemadas y distribuidas en distintos puntos de la ladera. A su entender, esa disposición no podría explicarse solamente por el viento y permitiría considerar que una persona intervino antes de que se propagaran las llamas.

La observación constituye una hipótesis del funcionario y no reemplaza las pericias judiciales. La investigación deberá determinar si el incendio fue intencional, si se originó por una conducta negligente o si existió otra causa.

Una estimación de 13.000 hectáreas afectadas

El secretario calculó que el fuego alcanzó aproximadamente 13.000 hectáreas del pedemonte de la Sierra de Famatina. Definió el área como un ecosistema frágil y señaló pérdidas de vegetación, fauna, animales de productores y bienes particulares.

La cifra fue brindada durante la entrevista y deberá actualizarse con la medición técnica final. La extensión quemada, la intensidad del fuego y los distintos tipos de cobertura vegetal son variables necesarias para establecer la magnitud real del daño.

El agua de consumo y la recarga del acuífero

Azulay descartó que las cenizas alcancen de manera directa el agua domiciliaria. Explicó que gran parte del Valle de Antinaco-Los Colorados se abastece mediante perforaciones que extraen agua a profundidades estimadas entre 200 y 300 metros.

Sin embargo, advirtió que el incendio sí puede alterar el funcionamiento ambiental de la zona de recarga. La pérdida de vegetación deja el suelo expuesto, aumenta la evapotranspiración, reduce la retención de humedad y facilita la erosión cuando llegan las lluvias.

La diferencia es importante: el riesgo señalado no es una contaminación inmediata de las perforaciones por ceniza, sino una posible reducción o alteración de la recarga del acuífero en un sistema que, según el funcionario, ya se encuentra sobreexplotado.

Restauración junto con la Universidad de Chilecito

La Secretaría comenzó a trabajar con la Universidad Nacional de Chilecito para dimensionar los daños y diseñar tareas de restauración. Azulay anticipó que la recuperación natural será lenta y que parte de la vegetación arbórea deberá ser reimplantada.

Las lluvias de primavera y verano podrían limpiar parte del hollín y favorecer los primeros rebrotes, pero la recomposición integral demandará seguimiento durante varios años. También será necesario prevenir la erosión y proteger los sectores más afectados de nuevas intervenciones.

La responsabilidad penal todavía debe probarse

Azulay, que además es abogado, señaló que una eventual responsabilidad penal exige demostrar la conducta, la culpa o el dolo y el vínculo causal con los daños. Evitó atribuir de manera automática al posible iniciador del fuego otros hechos trágicos ocurridos durante el operativo aéreo.

La causa deberá apoyarse en pericias, testimonios, registros audiovisuales y el análisis del sitio de origen. Hasta que la Fiscalía informe resultados, la posible intencionalidad debe mantenerse como una línea de investigación y no como una conclusión.

Otra discusión: los recursos nacionales contra incendios

Durante la entrevista, el secretario también cuestionó el financiamiento nacional del Sistema Federal de Manejo del Fuego y afirmó que sus recursos se redujeron un 70%. Ese porcentaje no fue acompañado por una serie presupuestaria y requiere una comparación homogénea entre créditos iniciales, vigentes y ejecutados.

Azulay reconoció que el sistema nacional envió medios aéreos y brigadistas a Chilecito, pero sostuvo que esa asistencia forma parte de un mecanismo federal financiado por las provincias y la Nación. La evaluación presupuestaria constituye un tema separado de la investigación judicial sobre el origen del incendio.