Pedro Goyochea, asesor general de Gobierno, confirmó que la iniciativa firmada por Ricardo Quintela ingresó a la Cámara de Diputados y se prevé que tome estado parlamentario el 13 de agosto. El texto reglamentaría el artículo 81 de la Constitución provincial.

Claves

• El proyecto ya fue remitido a la Cámara de Diputados, según informó Goyochea.
• Está previsto que tome estado parlamentario el jueves 13 de agosto de 2026.
• La iniciativa reglamenta el artículo 81 de la Constitución de La Rioja.
• Contemplaría zonas protegidas donde la compra por extranjeros quedaría totalmente restringida.
• El asesor afirmó que el 2,8% del territorio está en manos extranjeras; el dato requiere respaldo registral.

El Gobierno de La Rioja envió a la Legislatura un proyecto para regular y limitar la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas y jurídicas extranjeras. La iniciativa fue firmada por el gobernador Ricardo Quintela y, según confirmó el asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea, deberá tomar estado parlamentario el jueves 13 de agosto.

Una vez formalizado su ingreso, Diputados tendrá que definir el giro a comisiones. Goyochea estimó que podrían intervenir Asuntos Constitucionales, Legislación y el área vinculada con Vivienda y Tierras, aunque aclaró que esa decisión corresponde a la Legislatura.

Qué ordena la Constitución provincial

El proyecto busca reglamentar el artículo 81 de la Constitución de La Rioja. Esa disposición define a la tierra como un factor de producción y no de renta, establece lineamientos de política agraria y dispone expresamente que una ley debe fijar los requisitos y limitaciones para la adquisición de tierras por personas humanas y jurídicas extranjeras.

La reforma constitucional dejó, por lo tanto, un mandato pendiente de reglamentación. El debate legislativo determinará ahora el alcance concreto de las restricciones, los controles y las posibles sanciones.

Las zonas que quedarían fuera de la negociación

Goyochea explicó que el artículo 6 del proyecto identifica “zonas protegidas de restricción total”. Según su descripción, la prohibición alcanzaría las franjas de seguridad de frontera, inmuebles contiguos a cuerpos de agua, ríos y acuíferos, áreas naturales protegidas, reservas de biosfera, parques provinciales, zonas en emergencia ambiental, áreas estratégicas y sectores vinculados con patrimonio arqueológico o cultural.

El funcionario sostuvo que también quedarían comprendidas las áreas protegidas declaradas por los municipios y que el régimen sería aplicable en los 18 departamentos. Esos detalles deberán cotejarse con la versión oficial completa cuando la Legislatura incorpore el expediente.

Qué ocurriría con propietarios actuales

Uno de los interrogantes es el tratamiento de adquisiciones realizadas antes de la eventual sanción. Goyochea habló de mecanismos de “readecuación” para los casos que superen los límites o queden alcanzados por las zonas excluidas.

El asesor señaló que actualmente las personas humanas y jurídicas extranjeras concentrarían alrededor del 2,8% del territorio riojano, por debajo del límite nacional del 15%. La entrevista no estuvo acompañada por el informe catastral o registral utilizado para calcular ese porcentaje, por lo que deberá verificarse durante el tratamiento legislativo.

El cruce con la legislación nacional

La iniciativa provincial aparece mientras el Congreso discute cambios sobre propiedad rural. El capítulo que proponía flexibilizar la compra de tierras por extranjeros fue retirado durante el tratamiento de una iniciativa nacional, por lo que el límite vigente no fue reemplazado en esa instancia.

Goyochea sostuvo que La Rioja actúa dentro de su autonomía y que el nuevo régimen tendría carácter de orden público provincial. El debate jurídico deberá precisar cómo convive esa reglamentación con la legislación federal, el derecho de propiedad, las competencias registrales y los tratados aplicables.

Controles frente a operaciones simuladas

La entrevista también abordó la posible utilización de prestanombres para eludir las restricciones. El asesor afirmó que operaciones de ese tipo podrían configurar fraude y que los registros, las declaraciones juradas y la justificación del origen de los fondos serían herramientas centrales para detectarlas.

Para conocer el impacto real será necesario acceder al expediente completo: allí deberán figurar los porcentajes máximos, las excepciones, el procedimiento de autorización, las reglas para propietarios existentes y los mecanismos de fiscalización.