El Gobierno de La Rioja envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley que busca limitar al 3% la cantidad de tierras rurales que pueden quedar en manos de personas humanas o jurídicas extranjeras.
La iniciativa reglamenta el artículo 81 de la Constitución provincial, incorporado en la reforma de 2024, y crea un régimen de protección del dominio rural. El texto establece requisitos, condiciones y restricciones para la adquisición de inmuebles por parte de capitales del exterior.
El asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea, informó que el proyecto tomará estado parlamentario durante la sesión prevista para el jueves 13 de agosto.
Según explicó, la propuesta se apoya en estudios técnicos y en la comparación con legislaciones de otros países que aplican controles sobre la extranjerización de sus territorios.
Un límite inferior al establecido por la legislación nacional
La legislación nacional vigente fija un límite general del 15% para las tierras rurales en manos extranjeras. El proyecto riojano propone reducir ese porcentaje al 3% dentro del territorio provincial.
“Actualmente la provincia tiene un 2,80% de tierras rurales en posesión de extranjeros”, precisó Goyochea. De aprobarse la iniciativa, La Rioja quedaría muy cerca del máximo permitido y dispondría de un margen reducido para nuevas operaciones.
El funcionario aclaró que la regulación no implica expropiar campos ni revisar automáticamente las adquisiciones realizadas legalmente. El objetivo es establecer condiciones para las futuras transferencias de dominio.
La limitación se calculará sobre la superficie total de la provincia, pero también tendrá aplicación en los 18 departamentos. Además, se incorporarán restricciones destinadas a impedir que personas o empresas de una misma nacionalidad concentren grandes extensiones.
Goyochea sostuvo que la regulación provincial se apoya en la autonomía reconocida por la Constitución y en la facultad de La Rioja para decidir el destino de sus tierras y recursos naturales.
El agua quedará fuera de las operaciones de compraventa
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la creación de zonas de reserva estratégica en las que no se permitirá la transferencia del dominio rural a personas o compañías extranjeras.
La prohibición comprenderá los inmuebles que contengan ríos, acuíferos, nacientes, embalses y áreas de recarga hídrica. También incluirá franjas de seguridad fronteriza, áreas naturales protegidas, zonas en emergencia ambiental, sitios de valor arqueológico o cultural, tierras destinadas a la agricultura familiar, territorios de colonización estatal y superficies reservadas para obras públicas.
Goyochea aclaró que la enumeración no será cerrada. La provincia podrá incorporar otras áreas cuando una ley especial determine que poseen valor estratégico.
La protección del agua adquiere particular relevancia en La Rioja por sus condiciones áridas y por la necesidad de preservar las fuentes disponibles para el consumo humano, la producción y el desarrollo futuro.
Minerales, energía y recursos estratégicos
La regulación también alcanzará a las tierras que contengan minerales u otros recursos declarados estratégicos mediante leyes provinciales.
Esto incluye áreas vinculadas con la minería, el potencial energético y los proyectos considerados esenciales para el interés público. En esos casos, el inmueble quedará excluido de las operaciones que impliquen transferir su propiedad a capitales extranjeros.
El asesor general diferenció la venta del dominio de otras figuras jurídicas que no transfieren la propiedad. La provincia podría autorizar concesiones o permisos de explotación sometidos a controles específicos, sin desprenderse de la titularidad de la tierra.
Para el Gobierno riojano, la diferencia permite recibir inversiones y desarrollar proyectos productivos sin perder el control territorial sobre recursos considerados fundamentales.
Un debate provincial con alcance nacional
La propuesta aparece en medio de una discusión más amplia sobre la propiedad de la tierra en la Argentina. Mientras distintos sectores promueven eliminar restricciones para facilitar inversiones, algunas provincias buscan reforzar sus controles sobre el agua, los minerales y las áreas de valor ambiental.
Goyochea señaló que la tendencia internacional es imponer límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, debido a su vinculación con la soberanía alimentaria, el acceso al agua y la administración de recursos naturales.
En el país, de acuerdo con los datos citados por el funcionario, alrededor del 4,60% de las tierras rurales se encuentra actualmente en manos extranjeras, una proporción inferior al máximo del 15% establecido por la norma nacional.
El debate que comenzará en la Legislatura riojana deberá determinar cómo se compatibiliza el nuevo régimen provincial con la normativa nacional. Para el Ejecutivo, la incorporación de la restricción en la Constitución de La Rioja le otorga un respaldo jurídico decisivo.
La disputa limítrofe con San Juan
Durante la entrevista, Goyochea también se refirió al conflicto territorial entre La Rioja y San Juan. Informó que se encuentra en conformación una comisión especial encargada de estudiar los antecedentes históricos, geográficos y jurídicos del límite interprovincial.
La comisión cuenta con la participación de geólogos, topógrafos, historiadores y cartógrafos. Su trabajo concluirá con un informe que permitirá definir las acciones administrativas o judiciales que correspondan.
El funcionario señaló que el límite entre ambas provincias no habría quedado establecido mediante los procedimientos contemplados por la Constitución Nacional y afirmó que ya se registran avances significativos en el análisis.
Con el proyecto sobre tierras rurales y la revisión del límite con San Juan, La Rioja busca consolidar una política territorial centrada en la protección del dominio provincial, los recursos naturales y las áreas consideradas estratégicas.
