El ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de La Rioja, Miguel Zárate, confirmó que siete efectivos policiales permanecen apartados de sus funciones mientras avanzan dos investigaciones paralelas por los presuntos apremios ilegales denunciados en la localidad de Ulapes: un sumario administrativo dentro de la fuerza y una causa en el ámbito penal.
La denuncia se originó después de un procedimiento policial en el sur provincial y fue presentada por dos ciudadanos oriundos de Mendoza. El caso adquirió dimensión institucional por la gravedad de los hechos denunciados, que incluyen posibles apremios ilegales, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
“Son siete efectivos”, precisó Zárate durante una entrevista radial. El ministro aclaró que los policías no fueron sancionados de manera definitiva, sino separados preventivamente de sus cargos mientras se reúnen las pruebas y se determinan las responsabilidades individuales.
“Nosotros hemos tomado una decisión política y administrativa inmediata, que fue el inicio de la investigación”, explicó. El expediente interno se tramita actualmente en la Jefatura de Policía y, una vez concluida esa etapa, llegará al Ministerio de Seguridad para la resolución correspondiente.
El proceso administrativo es independiente de la investigación judicial. Esto significa que la Provincia podrá evaluar posibles incumplimientos al régimen disciplinario policial sin esperar necesariamente una sentencia penal. A la vez, cualquier responsabilidad por la posible comisión de delitos será determinada exclusivamente por la Justicia, con respeto por la presunción de inocencia de los investigados.
La causa ya había provocado el apartamiento de la conducción de la comisaría de Ulapes y la realización de procedimientos judiciales en la dependencia. El Ministerio Público Fiscal también dispuso cambios en la intervención de la fiscalía para garantizar la objetividad de la investigación.
Formación universitaria obligatoria para los mandos policiales
Zárate anunció, además, una modificación en los requisitos de ascenso dentro de la Policía provincial. A partir de la próxima promoción, los efectivos que aspiren a subir desde la jerarquía de comisario deberán acreditar estudios superiores vinculados con la seguridad pública.
La medida comenzará a aplicarse a quienes busquen ascender a comisario inspector y alcanzará posteriormente a los rangos de comisario mayor y comisario general. El objetivo declarado es profesionalizar la toma de decisiones en los niveles de conducción de la fuerza.
Para facilitar el cumplimiento de la nueva exigencia, el Ministerio y la Universidad Nacional de La Rioja pusieron en marcha una Diplomatura Universitaria en Seguridad Ciudadana y Gestión Pública. La capacitación, de carácter gratuito, cuenta con más de 60 inscriptos y una carga mínima de 200 horas cátedra.
Según Zárate, la iniciativa surgió de un trabajo conjunto con la universidad pública y de una demanda planteada por el Círculo de Oficiales de la Policía. El programa busca brindar herramientas sobre gestión, planificación y seguridad ciudadana a quienes tienen responsabilidades de conducción.
La profesionalización de los mandos policiales forma parte de un debate que excede a La Rioja. En distintas jurisdicciones argentinas, la formación continua y los mecanismos de control interno aparecen como elementos centrales para prevenir abusos, mejorar los procedimientos y fortalecer la confianza pública en las fuerzas de seguridad.
La Provincia descartó una compra inmediata de pistolas Taser
El ministro también negó que el Gobierno riojano se encuentre en proceso de adquirir pistolas Taser u otras armas de menor letalidad. La aclaración se produjo después de la presentación de un proyecto legislativo destinado a crear un marco normativo para su eventual utilización.
“No estamos en proceso de compra, adquisición ni preparación”, afirmó Zárate. Explicó que la propuesta legislativa podría establecer las condiciones legales para una incorporación futura, pero remarcó que actualmente el tema no forma parte de la agenda operativa del Ministerio.
El uso de dispositivos de descarga eléctrica genera discusiones en todo el país. Sus defensores los presentan como una alternativa intermedia frente al empleo de armas de fuego, mientras que organismos de derechos humanos reclaman protocolos estrictos, capacitación y controles para evitar usos indebidos.
Continuidad en el Ministerio y nuevos agentes
Zárate también rechazó las versiones sobre una salida inmediata del Ministerio para ocupar un cargo en el Poder Judicial. Señaló que continúa al frente del área por decisión del gobernador Ricardo Quintela y que no recibió hasta el momento una propuesta formal para desempeñar otra función.
“Sigo siendo ministro”, respondió ante las consultas. No obstante, aclaró que su continuidad y la de su equipo dependen de las decisiones del mandatario provincial.
En relación con los jóvenes egresados de la Escuela de Cadetes, indicó que se encuentra en marcha el proceso de incorporación, aunque evitó fijar una fecha exacta. Explicó que todavía deben completarse trámites administrativos, financieros y las altas correspondientes.
Las definiciones del ministro combinan tres dimensiones de la política de seguridad riojana: el control disciplinario frente a denuncias de violencia institucional, la formación profesional obligatoria para quienes conduzcan la Policía y el debate sobre nuevas herramientas operativas. El avance de la causa de Ulapes será la principal prueba para determinar cómo esos compromisos se traducen en responsabilidades concretas.
