Guillermo Galván volvió a colocar la situación de las tierras rurales de La Rioja en el centro del debate. El dirigente radical pidió que el Estado provincial avance con la regularización dominial de Valle Hermoso y entregue títulos a las familias que mantienen una posesión histórica y productiva.
Galván vinculó el caso con una operación realizada sobre unas 200.000 hectáreas que, según recordó, derivó en investigaciones y sanciones contra funcionarios judiciales de Chilecito. Afirmó que parte de esas tierras habría sido transferida posteriormente a un ciudadano estadounidense, pero señaló que la escrituración no se habría completado.
“Hay que darle la escritura a la gente que está poseyendo y trabajando esas tierras, y que la Provincia recupere el remanente”, planteó. También destacó la importancia estratégica del área por sus reservas de agua.
El exviceintendente cuestionó el criterio aplicado por el Estado riojano en distintas expropiaciones y aseguró que varios procedimientos terminaron judicializados por falta de pago. Entre otros casos, mencionó campos ubicados en Guaco, Pampa de la Viuda y zonas vinculadas con obras o emprendimientos provinciales. Todas estas afirmaciones fueron formuladas por Galván y requieren su correspondiente determinación administrativa o judicial.
En ese contexto, denunció que la falta de títulos de propiedad dejó expuestas a numerosas familias con posesiones transmitidas durante generaciones. Sostuvo además que los organismos provinciales deben explicar cómo se aprobaron mensuras, registros y transferencias de grandes extensiones.
La discusión riojana coincide con el debate nacional sobre la Ley 26.737 de Tierras Rurales. La norma vigente establece un límite general del 15% para la titularidad o posesión extranjera y un máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo —o su superficie equivalente— para un mismo titular.
Galván consideró que cualquier modificación nacional debe ir acompañada por controles provinciales y una revisión integral de los antecedentes dominiales. “El tema de la tierra debe investigarse hasta las últimas consecuencias”, afirmó.
El planteo expone un problema que atraviesa a buena parte del interior argentino: familias que producen sobre tierras sin escritura, grandes superficies con dominio discutido y Estados provinciales obligados a garantizar seguridad jurídica sin desplazar a los poseedores históricos.
