El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja aprobó el primer Código de Ética para los jueces provinciales, una normativa que establece deberes sobre independencia, imparcialidad, transparencia, actividad política, relación con la prensa y uso de redes sociales.
La decisión fue adoptada mediante el Acuerdo Administrativo N.º 234, fechado el 29 de julio y publicado en el Boletín Oficial del 11 de agosto. El régimen alcanza tanto a magistrados permanentes como transitorios.
Entre sus disposiciones, el Código prohíbe que los jueces participen en actividades o reuniones político-partidarias, reciban regalos de litigantes o mantengan conversaciones privadas con las partes sobre las causas sometidas a su decisión.
También limita sus declaraciones públicas. No podrán anticipar fallos, comentar expedientes en trámite ni revelar información reservada. Cuando resulte indispensable aclarar un caso de interés público, deberán hacerlo con prudencia y sin comprometer los derechos de las partes.
Uno de los capítulos está dedicado a las redes sociales. Los magistrados deberán identificarse con su identidad real, conocer el funcionamiento de las plataformas y evaluar el impacto público de cada publicación. El texto advierte que una conducta impropia en el ámbito digital puede afectar la confianza en todo el Poder Judicial.
La normativa exige además que las decisiones sean redactadas con fundamentos claros, precisos y comprensibles. En materia probatoria, los jueces deberán explicar qué aporta cada elemento y no podrán limitarse a mencionar las leyes aplicadas.
Para controlar su cumplimiento se creará un Tribunal de Ética integrado por un miembro del TSJ, un magistrado jubilado y un abogado jubilado, ambos sin ejercicio profesional. Luis Brizuela fue designado como representante del máximo tribunal.
Cualquier persona podrá denunciar una posible infracción. Quienes no sean abogados deberán hacerlo con patrocinio letrado. El procedimiento podrá concluir con la desestimación, una investigación preliminar o un dictamen sobre la responsabilidad del magistrado.
El TSJ podrá aplicar un llamado de atención u otras sanciones previstas en la Ley Orgánica, ordenar un sumario o promover el enjuiciamiento del juez denunciado.
La aprobación ubica a La Rioja dentro del grupo de provincias argentinas que cuentan con reglas específicas sobre conducta judicial. Su impacto dependerá ahora de la integración del Tribunal de Ética y de cómo se apliquen las sanciones frente a casos concretos.
