El abogado Emilio Pagotto afirmó que las renuncias de Javier Vallejos a la Fiscalía General y de Cecilia Córdoba al Juzgado de Instrucción N.º 1 representan una oportunidad para revisar el funcionamiento de la Justicia de La Rioja.
Pagotto rechazó haber provocado personalmente ambas salidas y explicó que actuó mediante el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades. Indicó que acompañó a mujeres que expusieron ante la Cámara de Diputados presuntas irregularidades dentro del Ministerio Público Fiscal y cuestionamientos relacionados con la respuesta judicial frente a casos de violencia de género.
Entre los antecedentes mencionó el crimen de Jessica Mercado. Según explicó, la joven había denunciado amenazas un día antes de ser asesinada. El abogado reclamó que se determine qué organismos recibieron aquella presentación y cómo actuaron los funcionarios que se encontraban de turno.
“Lo de Vallejos debe ser el inicio, porque el Poder Judicial necesita personas que comprendan la situación de vulnerabilidad de quienes acuden a la Justicia”, sostuvo.
Pagotto consideró que la Legislatura debería haber avanzado con los procedimientos de juicio político para investigar las acusaciones y permitir el derecho de defensa. “Tal vez no era la forma, pero el resultado institucional es el mismo”, expresó sobre las renuncias aceptadas por los diputados.
También denunció presiones sobre magistrados inferiores, demoras prolongadas en expedientes y posibles vínculos políticos dentro de la estructura judicial. Aclaró que cuenta con documentación y testimonios presentados ante la Legislatura para respaldar sus afirmaciones.
El abogado pidió al gobernador Ricardo Quintela, a la vicegobernadora Teresita Madera y a los legisladores que escuchen a los distintos integrantes del sistema. Además, aseguró que está dispuesto a concurrir a una reunión institucional y entregar las pruebas que posee.
La discusión abierta en La Rioja vuelve a colocar en agenda un problema de alcance nacional: la independencia judicial, los mecanismos de control sobre magistrados y la capacidad de las instituciones para responder ante ciudadanos en situación de vulnerabilidad.