Jorge Yoma, abogado patrocinante de La Rioja en sus reclamos contra el Estado nacional, volvió a poner en discusión la deuda que la Provincia calcula en alrededor de US$1.500 millones y sostuvo que funcionarios nacionales deberían responder penalmente si se comprueba que utilizaron para otros destinos recursos cuya asignación estaba establecida legalmente.

En declaraciones difundidas por Deuda Prometida, Yoma cuestionó que el Estado nacional continúe recaudando impuestos mientras, según su planteo, restringe transferencias y gastos que corresponden a las provincias.

“Estamos pagando impuestos para no recibir nada”, afirmó.

El dirigente sostuvo además que La Rioja reclama aproximadamente US$1.500 millones y relacionó esa falta de recursos con las dificultades financieras que llevaron al Gobierno provincial a recurrir a los Chachos como instrumento para complementar ingresos.

Qué son los US$1.500 millones

La cifra requiere una precisión. No corresponde presentarla como US$1.500 millones de coparticipación automática retenida. Se trata del cálculo actualizado que La Rioja reclama judicialmente por fondos compensatorios vinculados con la pérdida histórica de participación en la distribución federal y partidas incorporadas en presupuestos nacionales.

En mayo, Yoma ya había cuestionado el tratamiento de la demanda provincial ante la Corte Suprema y sostenido que el expediente por esos US$1.500 millones había sido incorporado a otra causa de mayor antigüedad.

La controversia tiene origen histórico en el régimen de coparticipación establecido en 1988. Yoma sostiene que La Rioja perdió entonces participación en la distribución y que posteriormente recibió fondos compensatorios para cubrir parte de esa diferencia.

La acusación penal

Yoma fue más allá de la discusión financiera y afirmó que quienes administren recursos con asignación específica para destinos diferentes podrían incurrir en responsabilidades penales.

“Deben responder penalmente”, sostuvo al hablar de una eventual malversación de fondos públicos. La acusación corresponde exclusivamente a la interpretación jurídica de Yoma. No implica que exista una condena ni que se encuentre probado un delito, por lo que debe mantenerse expresamente atribuida.

Los Chachos y el conflicto fiscal

Yoma relacionó la disputa con la decisión riojana de utilizar nuevamente los Chachos como instrumento financiero provincial.

El argumento del Gobierno de Ricardo Quintela es que la caída o interrupción de transferencias nacionales redujo el margen presupuestario provincial y obligó a buscar mecanismos propios para sostener salarios y consumo.

La discusión tiene ahora dos planos distintos: uno político, por la relación entre Nación y La Rioja, y otro judicial, donde deberá determinarse si los recursos reclamados efectivamente constituyen una deuda exigible y cuál es su monto actualizado.