El jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, se cruzaron por la suspensión judicial del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. Santilli responsabilizó políticamente a Axel Kicillof, mientras que Alonso reclamó financiamiento y cuestionó que el reproche se dirigiera al gobernador.
“Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil”, escribió Santilli en X. Luego sostuvo que, en la provincia, un adolescente de 14 años que mata para robar queda impune y acusó al gobernador de estar “del lado del delincuente, nunca de la víctima”.
Alonso respondió con un planteo centrado en las condiciones necesarias para aplicar la reforma. “Bajar la edad de imputabilidad no alcanza”, afirmó, y enumeró la necesidad de contar con juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal.
“Sin estructura, recursos e inversión, su reforma es apenas una modificación en los papeles. Un eslogan de campaña”, sostuvo el funcionario bonaerense. También reclamó a la administración de Javier Milei fondos que, según denunció, fueron quitados a la provincia.
La réplica de Santilli elevó el tono. Llamó a Alonso “ministro de Inseguridad” y le preguntó por qué no le pide al gobernador que “deje de comprar penes de madera”. Cerró con otra acusación: “Mejor que invierta más en seguridad que el conurbano es tierra de nadie”.
Detrás de las descalificaciones aparece una discusión que combina responsabilidades judiciales y decisiones de gestión. La jueza Marta Elba Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, dispuso una suspensión preventiva por 60 días de la aplicación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense. La medida puso el foco en las condiciones materiales para afrontar la ampliación del sistema penal juvenil.
Ese origen judicial fue uno de los puntos centrales de la respuesta de Alonso. “¿Por qué le reclama al Ejecutivo una decisión que corresponde al Poder Judicial? ¿No estamos en una República acaso?”, preguntó.
La suspensión fue dispuesta por un juzgado, no por una decisión administrativa de Kicillof. El debate sobre esa resolución y la discusión presupuestaria son planos distintos: el primero corresponde al trámite judicial y el segundo involucra los recursos necesarios para aplicar la reforma.
El intercambio dejó dos reclamos sin una respuesta común: cómo resolver la controversia judicial y cómo financiar la implementación. Las acusaciones sobre impunidad y falta de recursos corresponden a los funcionarios; la publicación de esos mensajes no acredita por sí sola sus afirmaciones.
Foto oficial: Jefatura de Gabinete de Ministros.
