A través del Decreto 1.521, el Ejecutivo provincial reglamentó la bonificación por egreso estatal y fijó el cómputo de 90 días hábiles para evitar la pérdida del beneficio en cargos jerárquicos.

El Poder Ejecutivo de La Rioja oficializó una corrección reglamentaria sobre la Ley N° 10.893, norma que instituye la Bonificación Extraordinaria por Finalización de la Carrera Administrativa. La medida, instrumentada mediante el Decreto N° 1.521, destraba el cómputo del plazo de caducidad para los funcionarios y el personal fuera de escala que ya alcanzaban la edad jubilatoria antes de la sanción del régimen provincial.

El dispositivo fija una ventana perentoria de 90 días hábiles para que los cuadros políticos acrediten la iniciación formal del trámite jubilatorio ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). Sin esta adecuación técnica, los agentes jerárquicos con derechos adquiridos hubiesen quedado excluidos de la compensación económica de forma automática por el mero paso del tiempo.

Seguridad jurídica y encuadre técnico

El nudo de la controversia radicaba en el artículo 4° de la ley matriz. La disposición castiga con la pérdida definitiva del haber extraordinario a quien no demuestre haber iniciado el expediente previsional dentro de los tres meses posteriores al cumplimiento de los requisitos fijados por la Ley Nacional N° 24.241. En los hechos, la aplicación literal de la pauta temporal clausuraba el cobro a quienes ya estaban en condiciones de retirarse antes de la sanción de la ley local.

Para subsanar esa asimetría, el gobernador Ricardo Quintela estableció que dicho término legal correrá únicamente a partir de la vigencia efectiva de la Ley 10.893 para quienes ya reunían las condiciones. En cambio, para las futuras desvinculaciones, los 90 días se contarán desde la fecha exacta del hecho generador. El beneficio alcanza a quienes acrediten al menos 120 meses de desempeño en el Estado provincial o municipal.

El ordenamiento del empleo público en debate

La disposición no constituye un hecho aislado: se inscribe en la puja estructural que atraviesan las administraciones del interior para recortar masa salarial activa sin detonar litigios en los tribunales ordinarios. Mientras la Casa Rosada insiste en el congelamiento de vacantes y la reducción del gasto primario, los distritos buscan mecanismos de incentivo financiero extraordinario para viabilizar el pase al sistema federal de previsión.

Al refrendar el acto administrativo junto al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Orlando Blanco Gómez, y el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, el Ejecutivo blindó la norma bajo los principios de equidad procesal y no retroactividad perjudicial. Con este paso administrativo, el Estado riojano intenta ordenar la cúpula de sus tres funciones de poder y acelerar los expedientes en ANSeS.