El subsecretario Carlos Medina detalló los alcances de la Ley 10.893 y advirtió que quienes no inicien el trámite en 90 días perderán la quincenita y enfrentarán sumarios de baja. Descartó que el recorte financie aumentos y sumó a cargos políticos con diez años de aportes.

En medio del estricto torniquete presupuestario que atraviesa la provincia y tras confirmarse el congelamiento salarial para los empleados públicos, el Ministerio de Hacienda endureció las advertencias legales sobre el personal que se encuentra en edad de retiro. El subsecretario de Gestión de Capital Humano, Carlos Medina, brindó precisiones sobre la flamante Ley 10.893 y lanzó una definición de alto impacto administrativo: el Estado considera que los agentes públicos pierden la estabilidad laboral apenas alcanzan los requisitos previsionales fijados por la ley.

«La estabilidad que se logra a partir del nombramiento se pierde cuando se alcanza la edad y los años de servicio. Eso lo dice la ley, no lo inventamos nosotros. La única forma que la administración pública tiene de autorregular su cantidad de empleados es a través de las jubilaciones, porque no tenemos renuncias masivas», sentenció el funcionario en declaraciones a la prensa local.

Plazo fatal de 90 días y sumarios de cesantía

Medina explicó que la nueva normativa provincial transforma el antiguo adicional jubilatorio en la «Bonificación Extraordinaria por Finalización de Carrera», que mantiene el pago del valor de la quincenita ($120.000 actuales) durante 72 meses consecutivos (seis años). No obstante, advirtió que las condiciones de acceso se volvieron taxativas e inapelables.

Los agentes que adquieran los requisitos previsionales —60 años en las mujeres y 65 en los varones, con 30 años de aportes— disponen de exactamente 90 días hábiles desde el momento en que cumplen las condiciones para iniciar el trámite ante la ANSeS y acreditarlo ante la Subsecretaría de Gestión Previsional. Quien desoiga ese plazo pierde de manera definitiva el derecho a cobrar el incentivo económico.

Para quienes resistan las intimaciones en actividad, el Estado aplicará sanciones disciplinarias progresivas: la suspensión del adicional de la quincenita por tres meses consecutivos, lo que derivará automáticamente en la apertura de un sumario administrativo para decretar la baja y desvinculación formal del agente.

Un universo de 2.000 agentes en la mira y el descarte de subas salariales

El relevamiento de la cartera de Hacienda indica que actualmente hay alrededor de 2.000 trabajadores estatales en condiciones inmediatas de acogerse a la jubilación entre las dependencias de la administración central y las comunas del interior.

Frente a las especulaciones sindicales que sugerían que el achique de la masa pasiva permitiría destinar un ahorro hacia una recomposición de los salarios activos, Medina desestimó de plano esa posibilidad: «No es esa la variable de baja para aumento. No se manejan las líneas de mejora salarial en una relación de disminución de cargos contra suba de sueldos», remarcó, en línea con el cierre de las pautas salariales anunciado por la Gobernación.

Los funcionarios políticos también cobrarán la bonificación

Una de las modificaciones técnicas más significativas de la Ley 10.893 reveladas por el subsecretario es la incorporación de la planta política dentro del régimen de la bonificación extraordinaria. Los ministros, secretarios, subsecretarios y directores que alcancen la edad de retiro podrán percibir el plus equivalente a la quincenita durante seis años, siempre que acrediten un piso mínimo de 120 meses (diez años) de aportes en el Estado riojano.

Medina aclaró que ningún funcionario se jubila con el haber correspondiente al cargo político transitorio, sino bajo el régimen general de reparto de la ANSeS, determinado por el promedio histórico de aportes de su cuenta previsional.

La ofensiva de intimaciones lanzada por el Ejecutivo expone el nivel de urgencia de una administración que sostiene a casi 70.000 dependientes y que, privada de transferencias extraordinarias de la Nación, busca en la jubilación compulsiva la única herramienta legal disponible para desinflar el gasto público antes del cierre del ejercicio fiscal.