El subsecretario Carlos Medina confirmó que ya se retiraron 2.200 agentes y detalló el nuevo régimen que otorga un plus de $120.000 por seis años para acelerar las desvinculaciones. Además, Hacienda transparentó el número real de la masa salarial entre planta permanente, municipios y 13.000 precarizados.

El Gobierno provincial profundizó su plan de achique vegetativo en la administración pública mediante un mecanismo estricto de intimaciones jubilatorias. A través del Ministerio de Hacienda, la Casa de las Tejas notificará formalmente a todos los agentes estatales que alcancen los requisitos previsionales y aplicará sanciones directas contra aquellos que se resistan a iniciar el trámite: sufrirán la suspensión inmediata del adicional de la «quincenita» y la apertura de sumarios administrativos para su desvinculación definitiva.

La advertencia fue formulada por el subsecretario de Gestión de Capital Humano, Carlos Medina, quien ratificó que desde la sanción de la Ley 10.784 a fines de 2024 ya pasaron a retiro 2.200 trabajadores en la administración central y las comunas del interior. Actualmente, el ritmo de bajas promedia unas 60 personas por mes, en una carrera contrarreloj del Ejecutivo por desinflar el gasto salarial corriente en medio del freno en los envíos de fondos nacionales.

Ultimátum de 90 días y pérdida del incentivo económico

Para contrarrestar el rechazo de los estatales a pasar a la pasividad por la pérdida de poder adquisitivo que implica cobrar a través de la ANSeS, el Ejecutivo puso en vigencia el pasado 28 de agosto la Ley 10.893. La normativa creó la denominada «Bonificación Extraordinaria por Finalización de Carrera», un esquema que garantiza el pago del valor de la quincenita —hoy fijada en $120.000— durante 72 meses consecutivos (6 años) como complemento del haber previsional federal.

Sin embargo, el acceso a este beneficio quedó condicionado a plazos perentorios sin margen de excepción. «Los agentes que adquieren la edad y los años de aportes tienen exactamente 90 días hábiles para iniciar el expediente previsional y acreditarlo ante la Subsecretaría de Gestión Previsional. Si no lo hacen dentro de esa ventana de tiempo por razones personales, la ley es taxativa: pierden de manera definitiva el derecho a percibir la bonificación extraordinaria», advirtió Medina.

El funcionario reconoció que la resistencia al retiro responde a factores económicos y emocionales, pero ratificó la decisión política de hacer cumplir las intimaciones: «Nadie desconoce que postergar la jubilación no resuelve las dificultades personales. La administración pública no puede sostener indefinidamente a agentes que ya cumplieron su ciclo laboral de 30 años de servicio».

El mapa oficial de un Estado con casi 70.000 dependientes

En una inusual apertura de registros oficiales, la cartera de Hacienda difundió la composición exacta del empleo público en La Rioja, revelando que el erario provincial financia mes a mes a 68.844 personas entre sueldos formales, contratos y estipendios de asistencia social. La cifra expone el peso desproporcionado del empleo estatal sobre la economía local y desmitifica los balances parciales que circulaban en el debate político.

De acuerdo con el desglose presentado por Medina, el Poder Ejecutivo concentra 37.344 agentes en sus escalafones de administración central, salud, educación y seguridad. A ellos se suman 9.700 empleados en los 17 municipios del interior, 5.000 trabajadores en la comuna de la Capital, 1.700 dependientes en el Poder Judicial distribuidos en los tribunales y juzgados de paz de toda la geografía provincial, y 1.100 agentes en la Legislatura.

El eslabón más vulnerable de la estructura lo componen 13.000 trabajadores precarizados que prestan servicios bajo diversas modalidades asistenciales, tutorías y becas de capacitación. Con estos números sobre la mesa, Medina subrayó que la jubilación obligatoria se consolidó como la única herramienta de autorregulación del Estado para evitar una expansión insostenible de la plantilla laboral.

El filtro de las vacantes en salud, escuelas y comisarías

Frente a los cuestionamientos por la continuidad de designaciones en la planta estatal, el subsecretario de Capital Humano rechazó la existencia de nombramientos automáticos para cubrir puestos vacantes, asegurando que el balance entre bajas por jubilación y nuevas altas resulta deficitario para la dotación global.

No obstante, admitió que existen áreas sensibles donde la reposición de personal es obligada por razones de cobertura territorial. «Hay sectores de extrema sensibilidad comunitaria. Si en un puesto sanitario de Ulapes o del interior profundo se jubilan dos enfermeras de tres, el ministro de Salud nos exige nombramientos inmediatos porque son las únicas que atienden al pueblo. Lo mismo ocurre cuando Educación pide ordenanzas para abrir escuelas o cuando se incorporan agentes policiales para reforzar la seguridad», argumentó.

Medina concluyó remarcando que la subsecretaría a su cargo actúa exclusivamente como custodio del movimiento de cargos, mientras que la luz verde final para cualquier designación o reescalafonamiento permanece centralizada en el escritorio del ministro de Hacienda, Jorge Quintero, y la firma del gobernador Ricardo Quintela, quienes buscan administrar el goteo de vacantes en el marco del severo congelamiento financiero que atraviesa la provincia.