La secretaria de Gestión Educativa, Zoraida Rodríguez, rechazó que la reforma sea inconsulta y mostró actas de debate con los 29 institutos provinciales. Garantizó la validez nacional de los títulos pero ratificó la necesidad de revisar la oferta académica: “Tienen que ver qué otra carrera le ofrecen a la sociedad”.

En una jornada marcada por la movilización de docentes y estudiantes hacia la Legislatura y con la Ley 10.902 ya promulgada a libro cerrado en el Boletín Oficial, el Ministerio de Educación provincial salió a marcar la cancha y defender la reforma del Nivel Superior. La secretaria de Gestión Educativa, Zoraida Rodríguez, calificó a la nueva normativa como un «salto cualitativo» indispensable para jerarquizar el sistema formador riojano, desmintió que la ley haya sido elaborada a espaldas de los claustros y confirmó que el Ejecutivo concedió una prórroga excepcional de un año de inscripción para las carreras más cuestionadas, aunque lanzó un mensaje tajante: los institutos deberán revisar su matrícula y reconvertir sus planes de estudio.

“El profesorado Carolina Tobar García pidió un año más para seguir con su inscripción y el ministro Ariel Martínez se lo otorgó; lo mismo ocurrió con el profesorado Albino Sánchez Barros ante el pedido puntual de la carrera de Francés. Un año más de inscripción garantiza cuatro años de cursada para esa cohorte completa. Pero eso no quita que las instituciones comiencen a mirarse hacia adentro, evalúen si tienen muchos o pocos egresados y analicen qué otra carrera, capacitación o postítulo está necesitando la comunidad”, advirtió la funcionaria en declaraciones radiales.

La postura de la cartera educativa ratifica el espíritu del artículo 17 de la flamante ley, que habilita la implementación de carreras a término y la relocalización de ofertas existentes de acuerdo con las demandas socioproductivas de cada departamento, un punto que generó fuerte resistencia en las aulas de los profesorados históricos.

Actas, fotos y dos años y medio de debate: la respuesta a las denuncias

Frente a las críticas de los colectivos de autoconvocados, que acusaron al oficialismo de haber cocinado el proyecto «entre gallos y medianoche», Rodríguez exhibió el historial administrativo de la norma: “Rechazo totalmente que no se haya consultado. Fue un proceso de dos años y medio de trabajo continuo que arrancó en 2022. Tenemos los registros de asistencia de los profesores, fotografías y actas de las jornadas institucionales realizadas en 2023 con directivos, docentes y alumnos de los 29 institutos de toda la provincia. El proyecto ingresó a la Cámara en 2025 y se aprobó este año”.

La funcionaria sostuvo que la provincia carecía de una legislación integral que ordene el nivel superior no universitario, destacando que el nuevo marco incorpora una perspectiva democrática, inclusiva y con enfoque de género, articulando la formación técnica profesional con las demandas del sector productivo.

Asimismo, defendió la conformación de los Consejos Institucionales con participación de todos los claustros y los Consejos Regionales para integrar a los departamentos del interior, descartando cualquier rasgo centralista: “Lejos de lesionar el federalismo, los consejos tendrán representantes directos de cada una de las regiones para debatir la pertinencia de las carreras”.

Validez nacional de títulos y concursos para los rectores

En respuesta a la preocupación estudiantil sobre el alcance federal de los diplomas, la secretaria llevó tranquilidad a los futuros egresados: “Todos los títulos que emiten nuestros institutos cuentan y seguirán contando con plena homologación nacional. Nos respalda la Ley de Educación Nacional 26.206, la Ley de Educación Superior 24.521 y las resoluciones del Consejo Federal de Educación que rigen desde la transferencia de las escuelas a las provincias en los años noventa. Nadie va a perder la validez de su título”.

Rodríguez desestimó también las versiones sobre la pérdida de estabilidad laboral, recordando que la gestión provincial titularizó a cientos de docentes en los niveles medio y superior. Detalló que la nueva ley consagra el concurso público como mecanismo regulador del ingreso a las cátedras y dispone concursos de ascenso para los cargos directivos y rectores de los institutos, buscando elevar la vara académica de los equipos de conducción.

La funcionaria confirmó que ayer se iniciaron las mesas técnicas de trabajo con los rectores de la Capital y los directivos del Tobar García, cronograma que continuará la semana próxima en el Sánchez Barros y la Escuela Normal Pedro Ignacio de Castro Barros: “El camino es el diálogo institucional. Estamos bajando a las instituciones para despejar dudas generadas por desinformación y avanzar en la agenda académica”.

La intervención de la cartera educativa deja planteado un choque de paradigmas en la educación riojana. Mientras el Ministerio avanza con la ley promulgada para atar la oferta docente a las necesidades demográficas y laborales del mercado, la comunidad de los profesorados resiste en la calle lo que percibe como un achique encubierto, dispuesta a defender la tradición centenaria de sus carreras frente al avance de las reformas ministeriales.