El ministro Ariel Martínez rechazó las denuncias de falta de debate en la Ley 10.902 y aseguró que existen carreras tradicionales con graduados que no consiguen vacantes. Además, transparentó los números de la escala salarial frente al aula y enfrió las expectativas de un incremento salarial antes de fin de año.

En una jornada marcada por nuevas movilizaciones de estudiantes y docentes de institutos terciarios frente a la sede de la cartera educativa, el gobierno provincial salió a respaldar la flamante Ley 10.902 de Educación Superior. El ministro de Educación, Ariel Martínez, descartó de plano que la reestructuración del nivel implique la clausura de profesorados o la pérdida de puestos de trabajo, al tiempo que transparentó los números salariales del sector: confirmó que un maestro que recién se inicia en el sistema percibe hoy un millón de pesos de bolsillo por cargo testigo.

Las declaraciones del funcionario respondieron directamente a la marcha convocada por la comunidad del Instituto Superior de Formación Docente Albino Sánchez Barros y establecimientos del interior. Los sectores movilizados denuncian que la norma promulgada por el Ejecutivo recorta la autonomía institucional, limita a cuatro cohortes la apertura de carreras y crea coordinaciones intermedias de forma inconsulta.

Rechazo al cierre de sedes y el desborde de graduados sin vacantes

«Bajo ningún punto de vista se piensa en cerrar institutos ni en clausurar alternativas académicas o científicas. El objetivo de la ley es jerarquizar el nivel, actualizar los planes de estudio y adecuar la oferta formativa al perfil de desarrollo productivo que demanda la provincia», afirmó Martínez en declaraciones radiales. El ministro rechazó de plano las acusaciones sobre una supuesta redacción hermética y aseguró que el proyecto se debatió desde 2022 con rectores y equipos técnicos de toda la provincia.

«Las planillas de asistencia y las fotografías de las jornadas no se hicieron con inteligencia artificial; la participación fue real y está documentada. Ahora entramos en la etapa de reglamentación, donde los rectores tendrán un rol protagónico para afinar cada detalle operativo», enfatizó Martínez, buscando calmar los ánimos en la comunidad terciaria.

En ese marco, el titular de Educación puso sobre la mesa el desajuste que atraviesa el sistema entre la oferta académica y la salida laboral concreta: «Hoy tenemos un número importante de egresados de profesorados tradicionales, como los de lengua o matemática, que no pueden ingresar a dar clases porque no hay vacantes frente a las aulas. La ley busca ordenar esa matriz para que la formación de los jóvenes garantice una inserción efectiva y no una frustración laboral».

El piso de un millón de pesos y el alcance del plus por cargo

En el tramo económico de la entrevista, Martínez brindó precisiones sobre la estructura salarial que sostiene la Provincia con los gremios del sector. Aseguró que un docente inicial de nivel inicial o primario percibe $1.000.000 netos por un solo cargo, a lo que se suma el impacto de que una amplia proporción del padrón docente acumula dos cargos o su equivalente en horas cátedra.

A esa cifra se añade el Ítem de Presentismo Escolar (IPE), un adicional no remunerativo creado por el gobierno riojano para apuntalar los ingresos frente a las aulas: «El IPE representa actualmente 130.000 pesos por cargo y alcanza a casi el 70 por ciento de los maestros que están efectivamente al frente de los alumnos», precisó el funcionario provincial.

Martínez ponderó además la regularidad de los concursos de ingreso, el saneamiento de desdoblamientos y las titularizaciones de cargos entregadas de forma consecutiva desde la salida de la pandemia. Según destacó, esa política permitió sostener casi dos años sin medidas de fuerza en las escuelas riojanas, lo que redundó en una mejora de los indicadores pedagógicos en las pruebas de evaluación de lengua y matemática.

Fin de año sin definiciones salariales y el contraste con el ajuste nacional

Consultado sobre la posibilidad de otorgar una recomposición o bono extraordinario antes del receso estival de enero, el ministro de Educación enfrió las expectativas y admitió que la estrechez financiera del Tesoro provincial condiciona cualquier paso en falso. Señaló que no existe por el momento un reclamo formalizado por la dirigencia gremial para una suba fija.

«La paritaria está abierta de manera permanente, pero cualquier pauta salarial no depende de un diálogo aislado con la docencia, sino que impacta de lleno en toda la administración pública. El contexto macroeconómico es muy complejo y difícil de pronosticar hacia adelante», advirtió Martínez, en sintonía con las advertencias que vienen lanzando desde el Ministerio de Hacienda sobre la merma de recursos.

Finalmente, el ministro trazó un duro contraste entre el sostenimiento de las mesas provinciales y el abandono financiero de la administración del presidente Javier Milei: «A nivel nacional borraron la paritaria federal, recortaron el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y desmantelaron todos los programas de financiamiento. En La Rioja, aun con recursos propios y en un contexto hostil, el Estado sostiene la estabilidad laboral, la inversión pedagógica y el diálogo con la comunidad», concluyó.