El titular de UTHGRA, Luis Cuello, advirtió que las deudas llegan a los $30 millones por establecimiento y ponen al borde del colapso la cobertura de pacientes oncológicos y con VIH. Apuntó al vaciamiento mediante empresas fantasma, denunció trabajo en negro en Chilecito y Villa Unión y lanzó un ultimátum: “El que avisa no traiciona”.

La crisis del sector turístico y gastronómico en La Rioja derivó en un conflicto legal de consecuencias imprevisibles. Casi la mitad de los empresarios hoteleros y gastronómicos de la provincia retiene los aportes de la seguridad social que les descuentan mes a mes a sus empleados y no los transfiere a la obra social sindical (OSUTHGRA). La maniobra, tipificada como retención indebida de fondos y castigada por el régimen penal tributario, mantiene al gremio al borde del racionamiento de prestaciones médicas para pacientes con patologías graves.

El secretario general de UTHGRA seccional La Rioja, Luis Cuello, blanqueó el cuadro de evasión. Reveló que entre el 40% y el 45% del padrón patronal se encuentra en situación de morosidad crónica, acumulando pasivos que van desde los 3 millones hasta picos de 30 millones de pesos por establecimiento, con atrasos que en muchos casos superan el año y medio de aportes no depositados.

“No les estamos reclamando nada que no corresponda; exigimos la plata que ya le sacaron del sueldo al trabajador en el recibo. Esto es grave porque entra en el terreno penal. Si no regularizan, vamos a avanzar con las denuncias en los tribunales porque los muchachos siguen trabajando como si nada mientras nosotros tenemos que bancar la salud”, advirtió el dirigente gremial, quien ya presentó la nómina de deudores ante la Cámara Hotelera provincial.

Racionamiento médico, insumos dolarizados y el corte de fondos nacionales

El desvío de los aportes asfixia las cuentas de la prestadora médica en un escenario de disparada en los costos sanatoriales. Mientras los salarios de los trabajadores del sector se mantienen planchados, los aranceles de consultas médicas, internaciones, medicamentos y análisis de laboratorio se incrementaron de manera constante.

La situación es crítica en la cobertura de enfermedades de alto costo que la obra social está obligada a garantizar por el Programa Médico Obligatorio (PMO). “Tenemos que cubrir tratamientos oncológicos, medicamentos para VIH, insulina para diabéticos y coberturas por discapacidad. No podemos dejar a un paciente sin remedios, pero los empresarios se aprovechan diciendo que la prestación se brinda igual. Va a llegar un momento en que no los vamos a poder atender”, alertó Cuello.

El gremialista denunció que el estrangulamiento financiero opera por partida doble: a la falta de pago patronal se suma el retraso de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, que dejó de transferir los fondos de recupero por discapacidad y tratamientos especiales. Frente a esta sangría, la obra social debió recurrir a la solidaridad de otras filiales del país y empezó a dosificar las autorizaciones de prácticas ambulatorias para evitar la quiebra del sistema.

Razones sociales truchas, empleo en negro en el interior y la mira en la Chaya

Cuello apuntó contra los ardides contables que utilizan diversos establecimientos para eludir a la Justicia. Denunció que muchos empresarios operan durante un año con una firma prestanombre, acumulan pasivos millonarios y luego cambian de razón social para continuar funcionando bajo una nueva fachada jurídica: “Dejan el chorizo de deuda y arrancan de nuevo con otro cartel, pero sabemos quiénes son los verdaderos dueños y vamos a ir penalmente contra ellos”.

Entre los establecimientos señalados en el listado gremial figura el Hotel de San Blas de Los Sauces, con una deuda calculada en torno a los 30 millones de pesos. Sin embargo, Cuello remarcó que el problema se extiende a los principales polos turísticos del interior, como Chilecito y Villa Unión (portal del Parque Nacional Talampaya), donde prolifera el empleo no registrado: “El turismo explota en esas zonas pero los tienen a todos trabajando en negro. Los pocos que están registrados sufren la competencia desleal de los que no pagan nada”.

En el tramo final, el jefe sindical lanzó un mensaje directo hacia varios empresarios que a la vez ocupan cargos públicos en la administración riojana: “El que avisa no traiciona. Varios están advertidos y son parte del Estado. Si no se acercan a acordar un plan de pagos, van a salir con nombre y apellido en los medios de comunicación”.

Con la mira puesta en la temporada de verano y en el impacto económico que generan los festivales masivos, el sindicato abrió un canal de diálogo con las cámaras empresarias para discutir las condiciones laborales de cara a la Fiesta Nacional de la Chaya. La advertencia sindical marca un límite claro: sin aportes en regla ni blanqueo del personal eventual, la alta temporada del turismo riojano comenzará bajo la sombra de paros, inspecciones laborales y causas en los tribunales penales.