La directora del Servicio Penitenciario Provincial, Analía Tello, confirmó que la cárcel funciona casi al doble de su capacidad operativa y que la población femenina alcanzó un pico histórico. Además, denunció que la Casa Rosada no envía partidas para la comida y medicamentos de 100 reclusos por narcotráfico y sepultó el proyecto del nuevo penal en Ampiza.

El sistema penitenciario de La Rioja opera al borde de sus límites físicos y presupuestarios. Con una infraestructura diseñada para albergar a 286 internos, el penal provincial aloja actualmente a 552 personas privadas de su libertad, una sobrepoblación cercana al 100% que se sostiene bajo un esquema de asfixia financiera provocado por el incumplimiento de la Nación. El gobierno central acumula más de un año y medio sin girar los fondos comprometidos por convenio para el sostenimiento de casi un centenar de reclusos bajo órbita de la Justicia Federal.

El crudo cuadro de situación fue expuesto por la directora del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), Analía Tello, quien confirmó que la Provincia debió salir al rescate con recursos propios para costear la alimentación, la atención médica y los insumos básicos de los internos federales. “Hace más de un año y medio que no recibimos el pago de ningún mes adeudado. La provincia se está haciendo cargo de todo el gasto, distrayendo presupuesto destinado a los presos de la justicia ordinaria mientras organismos como la Procuración Penitenciaria de la Nación vienen a exigir estándares que Nación misma no financia”, disparó la funcionaria.

El aumento de presos federales se disparó al compás de las redadas contra el narcomenudeo que la Policía provincial ejecuta en coordinación con fuerzas de seguridad nacionales. Históricamente, el penal riojano no superaba los 20 o 30 detenidos por causas de drogas; hoy esa cifra trepó a 100 internos, multiplicando los costos operativos de un servicio que ya venía sobreexigido.

Delitos contra la propiedad, adicciones y récord de mujeres presas

Al desglosar la procedencia de los reclusos, Tello precisó que la mayor parte de la población carcelaria cumple condenas de entre dos y tres años por delitos contra la propiedad. En ese segmento se concentra también la tasa más alta de reincidencia, un fenómeno que la jefa penitenciaria vinculó de manera directa con el consumo problemático de estupefacientes: “El delito contra la propiedad viene íntimamente ligado a la adicción a sustancias prohibidas, lo que genera una puerta giratoria constante”.

Pese a que el número actual de 552 internos refleja una leve descompresión frente a los picos históricos de 685 reclusos registrados en años anteriores —alivio atribuido a una mayor celeridad en las resoluciones judiciales—, la densidad intramuros obligó a reforzar la dotación de guardiacárceles. El viernes pasado, el Ejecutivo provincial formalizó la designación de 55 nuevos agentes (28 mujeres y 27 varones) destinados casi en su totalidad al escalafón de seguridad para contacto directo en los pabellones.

La incorporación de personal femenino responde a una realidad inédita: la Correccional de Mujeres alcanzó las 19 internas, una cifra récord para los registros del servicio local. Si bien la estadística provincial se mantiene baja en comparación con otros distritos del país, la suba obligó a reestructurar la guardia interna y la custodia en el penal de mujeres para evitar desbordes en el régimen de encierro.

El proyecto de la nueva cárcel en Ampiza, congelado por la motosierra

La saturación de los pabellones en el predio central de la avenida Copiapó reactivó el debate sobre el postergado traslado del complejo penitenciario. Sin embargo, Tello le bajó la persiana de manera categórica al ambicioso proyecto para construir un nuevo penal de vanguardia en la localidad de Ampisa, a 33 kilómetros de la Capital.

“Hoy la nueva cárcel es inviable. Quedó paralizada en el proyecto técnico. La provincia adquirió las tierras y el diseño estaba aprobado por Nación, pero no llegaron los fondos y es imposible encarar una obra de esa magnitud con el presupuesto local”, sentenció. La decisión del gobierno de Javier Milei de frenar a cero la obra pública nacional sepultó la única alternativa que tenía la provincia para reemplazar instalaciones que datan de mediados del siglo pasado y que no admiten más parches de albañilería.

Por último, la funcionaria deslindó la responsabilidad del SPP respecto al reciente motín con quema de colchones protagonizado por dos detenidas en la Comisaría de la Mujer y el Menor: aclaró que los únicos establecimientos carcelarios bajo su órbita —que depende de la Secretaría de Justicia conducida por Lucas Casas— son el penal central, la correccional de mujeres y la Unidad 2 (ex Nueva Vida), donde permanecen alojados 100 jóvenes en conflicto con la ley penal. La custodia de las comisarías, en cambio, recae bajo la estructura policial.

El cuadro carcelario riojano sintetiza el dilema de una provincia que debe absorber el costo social de la crisis y el avance del narcotráfico sin auxilio federal. Con el penal operando al límite de sus plazas, el congelamiento de la infraestructura carcelaria anticipa un cuello de botella institucional que ninguna designación de personal alcanzará a maquillar si los recursos retenidos en Buenos Aires no vuelven a fluir.