Fuentes penitenciarias confirmaron que hay 552 internos alojados en un penal acondicionado para 285 y que la Casa Rosada no envía fondos hace un año y medio. Por la falta de financiamiento nacional, admiten que el proyecto de la nueva cárcel en Ampisa es «inviable» y debieron sumar 55 agentes para reforzar la guardia.

El sistema carcelario de La Rioja atraviesa una situación de colapso estructural contenida únicamente por la celeridad judicial y el esfuerzo presupuestario de la Provincia. Fuentes del Servicio Penitenciario Provincial confirmaron que la población privada de la libertad trepó a 552 internos, prácticamente el doble de la capacidad operativa real de la institución, fijada técnicamente en 285 plazas. El hacinamiento persiste mientras el Gobierno nacional mantiene congelado el auxilio financiero que le corresponde por ley.

El trasfondo del desborde incluye una deuda millonaria de Balcarce 50 con la administración riojana. Desde los pasillos del área de Justicia revelaron que hace más de un año y medio que la Nación no envía «un solo peso» de las partidas comprometidas mediante convenios bilaterales para el sostenimiento de los casi 100 reclusos procesados o condenados por la Justicia Federal alojados en pabellones provinciales. La falta de giro de fondos obliga a la Provincia a desviar recursos propios para costear comida, medicación y vigilancia de causas federales.

Narcotráfico, robo y récord de mujeres presas

La tipología delictiva que satura los pabellones riojanos se concentra en dos grandes ejes: los delitos contra la propiedad y el narcotráfico. Fuentes de la fuerza explicaron que los robos y hurtos lideran la reincidencia, empujados de manera directa por el consumo problemático de estupefacientes en los barrios capitalinos y del interior, con condenas que promedian de dos a tres años.

En paralelo, las causas por narcomenudeo y tráfico de drogas multiplicaron por cinco la presencia de causas federales, pasando de un piso histórico de 20 o 30 detenidos a rozar el centenar. El fenómeno golpeó de lleno en la Correccional de Mujeres, donde se contabiliza un récord de 19 internas. Para atender este segmento y oxigenar la custodia directa intramuros, el Ejecutivo provincial formalizó la designación de 55 nuevos funcionarios penitenciarios (28 mujeres y 27 varones) del escalafón de seguridad.

El megaproyecto de Ampisa, congelado por falta de fondos

La asfixia de transferencias nacionales también sepultó las expectativas de renovación de infraestructura. La construcción del nuevo complejo penitenciario provincial en el paraje Ampisa, ubicado a 33 kilómetros de la Capital sobre tierras que ya habían sido adquiridas por el Estado provincial, quedó formalmente paralizada y calificada como «inviable».

El plan técnico, diseñado bajo estándares modernos para descomprimir el penal histórico y unificar dependencias como la Unidad 2 (ex Nueva Vida, donde se alojan un centenar de personas), requería financiamiento federal para iniciar la obra civil pesada. Con la obra pública nacional clausurada a cero, la Casa de las Tejas no tiene margen para afrontar semejante inversión con recursos locales.

Entre inspecciones de la Procuración Penitenciaria que exigen estándares dignos de detención y el torniquete financiero de la gestión de Javier Milei, el sistema carcelario riojano hace equilibrio. La Provincia continúa absorbiendo los costos del fuero federal mientras la sobrepoblación en las celdas marca el pulso de un conflicto latente donde la Justicia y la seguridad local operan sin margen de error.