La bancada oficialista fue convocada de urgencia para este jueves sin temario formal notificado a sus integrantes. La resistencia docente a la reforma de educación superior, el pliego de Miguel Zárate para la Fiscalía General y la cobertura de vacantes en el Máximo Tribunal marcan una agenda caliente antes de sesionar el próximo 15.
Los teléfonos de los legisladores justicialistas sonaron con una orden taxativa emanada desde la conducción parlamentaria: presentarse este jueves en la sede del bloque para una reunión reservada de carácter impostergable. Pese al llamado estricto, la convocatoria llegó envuelta en un hermetismo absoluto; los propios diputados admiten por lo bajo desconocer el orden del día formal, una señal que en los pasillos de la Legislatura provincial se traduce habitualmente como la antesala de definiciones complejas impuestas desde la Casa de las Tejas.
La cumbre legislativa que preside Cristian Pérez se produce en un clima social y político enrarecido por la conflictividad docente. La nueva Ley de Educación Superior provincial —que reorganiza la oferta terciaria e incluyó el congelamiento de inscripciones en profesorados del interior como el de Nivel Inicial en Tama— desató un fuerte rechazo en la comunidad educativa, claustros estudiantiles y sindicatos. En el oficialismo reconocen el costo político que generó la medida, amplificado tras la reciente carta pública de Facundo Puy donde denunció el recorte a los institutos terciarios y contrastó las prioridades de contratación del Estado.
La rosca judicial: el pliego de Zárate y el TSJ de siete miembros
El otro plato fuerte que estará sobre la mesa del bloque es la reconfiguración de la cúpula judicial. Con el pliego del ministro de Seguridad y Justicia, Miguel Zárate, listo para su tratamiento formal con el fin de ungirlo como nuevo titular del Ministerio Público Fiscal, la tropa oficialista debe coordinar los votos y el libreto defensivo ante las críticas de la oposición por la colonización partidaria de la acción penal.
La rosca trasciende a Zárate. En las bancas del PJ circula la certeza de que el gobernador Ricardo Quintela evalúa avanzar con la cobertura de las dos vacantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La Carta Magna provincial fijó en su artículo 161º una integración de siete jueces con paridad de género y mandatos decenales, y el cuerpo opera hoy con sólo cinco integrantes. Completar los dos casilleros pendientes con figuras leales antes de 2027 es una tentación directa para blindar la Corte riojana frente al avance electoral de La Libertad Avanza.
Seguridad pública y el calendario de sesión
A la agenda judicial y educativa se suma el análisis del proyecto de Ley de Seguridad Pública, una iniciativa clave para la reestructuración operativa de la fuerza que toma volumen tras la reciente consagración de la Virgen del Rosario como Patrona y Generala a perpetuidad, en un intento por descomprimir el malestar en los cuarteles y fijar un nuevo marco legal para el personal policial.
El cónclave de este jueves servirá para ordenar a la tropa justicialista y pulir los despachos de comisión sin fisuras a la vista. El plan de labor parlamentaria prevé que la Cámara de Diputados recién sesione en el recinto el próximo jueves 15 de octubre. Con siete días de margen, el oficialismo que comanda la vicegobernadora Teresita Madera busca cerrar filas puertas adentro, absorber el descontento de las bases docentes y garantizar que el paquete judicial y de seguridad baje al recinto con el número asegurado y sin sorpresas.
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