El bloque oficialista acumula bronca por tener que poner la cara ante el cobro del 25% a grandes empresas, las jubilaciones compulsivas y el cierre de profesorados. Los legisladores advierten que la Casa de las Tejas los manda a inmolarse frente a sus comunidades mientras los funcionarios y los jefes comunales no asoman la cabeza.

El malestar subterráneo que se incuba en el bloque de diputados justicialistas llegó a un punto de saturación. La convocatoria a reunión de urgencia para este jueves, realizada a ciegas y sin temario oficial, destapó una queja generalizada que los parlamentarios venían rumiando en reserva: la sensación de que el gobernador Ricardo Quintela los utiliza como un escudo legislativo para absorber los golpes más desgastantes de la gestión provincial, mientras los ministros del gabinete y los intendentes del interior esquivan los micrófonos y se guardan bajo perfil.

La bronca se alimenta de un paquete normativo que obligó a los representantes departamentales a confrontar de manera directa con sectores clave de la sociedad. La sanción de la Ley 10.907, que impuso una sobretasa de emergencia del 25% sobre Ingresos Brutos a las empresas que facturan más de $2.000 millones mensuales, colocó a los legisladores en pie de guerra con el empresariado local y las cámaras comerciales, acusados de asfixiar la actividad privada para tapar el déficit estatal. «Nosotros levantamos la mano y nos comemos el escrache con los comerciantes de nuestros pueblos, pero los ministros del área económica no salen a defender la medida», rezonga un diputado con base en el interior.

Del ajuste previsional a la crisis en las aulas

El menú de leyes de alto impacto social no dio respiro a la bancada oficialista:

• Jubilaciones compulsivas (Ley 10.906): El oficialismo debió aprobar la modificación que intima a los agentes estatales en edad de retiro a iniciar el trámite en 10 días bajo apercibimiento de sufrir quitas salariales. La poda de adicionales y el cese forzado a los tres meses transformó a los diputados en blanco directo del reclamo de los sindicatos públicos en cada departamento.
• La reforma de Educación Superior: La reorganización de la oferta terciaria, que ya derivó en la suspensión de inscripciones en profesorados del interior —como el Nivel Inicial en Tama—, desató una rebelión en la comunidad educativa. La bronca docente se derramó sobre los despachos parlamentarios sin que las autoridades del Ministerio de Educación salieran a contener territorialmente a rectores y estudiantes.

A este frente de tormenta se suma la inminente colonización de la Justicia. La tropa legislativa deberá poner el cuerpo para aprobar el pliego del ministro Miguel Zárate como titular de la Fiscalía General, además de convalidar el reparto político en el Tribunal de Cuentas y la eventual cobertura de las dos vacantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para llevar la Corte provincial a siete miembros con mandatos de diez años.

Silencio en los municipios y ministerios

El eje del reproche legislativo no es doctrinario, sino territorial. Los diputados provinciales —que deben caminar a diario sus departamentos y dar la cara ante vecinos, comerciantes, docentes y estatales— advierten una marcada asimetría de compromisos dentro de la estructura de poder.

Mientras el bloque del PJ carga con el costo de sancionar leyes antipáticas para sostener el superávit contable del 5,9% que arrojaron los números fiscales, los intendentes municipales y las primeras líneas del gabinete eligen la prudencia territorial, resguardándose de las críticas públicas. «Los intendentes están mudos y los secretarios no atienden el teléfono, pero a la hora de pagar las consecuencias electorales en el pueblo, los que quedamos expuestos somos nosotros», advierten en la bancada.

La factura que se cobrará hacia 2027

El reclamo toma una dimensión crítica de cara al escenario sucesorio. Con los sondeos electorales mostrando a Martín Menem arriba con el 34% de intención de voto frente al 26% de Teresita Madera, los legisladores oficialistas comprenden que el capital político dilapidado en el recinto les pasará una pesada factura electoral.

En un esquema donde la Casa de las Tejas promueve la división de la oposición y el repliegue hacia 2027, el bloque justicialista empieza a marcar la cancha puertas adentro. La reunión de este jueves promete tensiones inéditas: los diputados no sólo exigirán conocer de antemano los proyectos que el Ejecutivo pretende llevar a la sesión del próximo 15 de octubre, sino que demandarán que los funcionarios de la administración central dejen el ostracismo y asuman públicamente la defensa del modelo.