Con Miguel Zárate encaminado a la Fiscalía General, Karina Becerra en la Magistratura y Gabriela Asís en el Tribunal Superior, el oficialismo cierra el círculo en los organismos de control. En la mira de la Casa de las Tejas aparecen los mandatos y el reparto constitucional de las cinco sillas que auditan los números del Estado.

La arquitectura institucional diseñada por la Casa de las Tejas para blindar la gestión provincial ingresó en una fase decisiva. Tras asegurar posiciones estratégicas en la cúpula del Poder Judicial, el gobernador Ricardo Quintela tiene la atención puesta en el Tribunal de Cuentas de la Provincia, el organismo extrapoder encargado de revisar, auditar y aprobar la ejecución presupuestaria, las contrataciones del Estado y los balances de las empresas públicas (SAPEM).

El movimiento responde a una lógica de despliegue territorial e institucional que el quintelismo viene ejecutando con precisión quirúrgica. El inminente desembarco del ministro de Seguridad y Justicia, Miguel Zárate, en la Fiscalía General para suceder a Javier Vallejo consolida el manejo directo de la acción penal. Esa designación complementa el tablero judicial donde ya gravitan con peso propio la presidenta del Consejo de la Magistratura y vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Karina Becerra —sobrina del Gobernador y exsecretaria de Justicia—, y la vocal Gabriela Asís, quien encabezó la cartera de Seguridad y Justicia antes de recalar en el Máximo Tribunal.

El corsé de la Carta Magna: integración y reparto de bancadas

La Constitución de la Provincia de La Rioja fija pautas estrictas tanto para la conformación como para la designación de las autoridades del órgano de contralor:

• Integración, plazos y perfil profesional (Artículo 191º): El Tribunal de Cuentas cuenta con jurisdicción en todo el territorio provincial y está integrado por una presidencia, una vicepresidencia y tres vocalías. Los miembros duran seis años en sus funciones con posibilidad de una sola reelección consecutiva, gozando de inamovilidad salvo proceso de juicio político. La manda exige reunir las condiciones para ser diputado y detentar título universitario: obligatoriamente tres deben ser abogadas o abogados y dos contadoras o contadores públicos.
• El mecanismo de designación parlamentaria (Artículo 192º): La Cámara de Diputados designa al Presidente, al Vicepresidente y a uno de los Vocales a propuesta del bloque mayoritario. Los dos vocales restantes corresponden a los bloques de los partidos que obtuvieron representación legislativa en orden sucesivo al oficialismo. De existir una sola fuerza de minoría, le asiste el derecho de proponer a ambos.

El mapa actual del organismo auditor

La actual composición del cuerpo colegiado refleja los equilibrios forjados en períodos anteriores y combina perfiles técnicos con militancia en la estructura justicialista:

• Presidencia: A cargo del contador público Jorge Omar Nicolás Menem, con antecedentes técnicos en la administración provincial y financiamiento educativo internacional.
• Vicepresidencia: En manos de la abogada Carmen Díaz Zalazar, designada originalmente por la Legislatura en 2014 a propuesta de la mayoría justicialista y ratificada en 2019 y 2021, con un extenso recorrido en asesorías legales del Ejecutivo comunal y la Cámara de Diputados.
• Cuerpo de Vocales: Conformado por el abogado Héctor Gustavo Dávil (exasesor legal del liquidado Banco Rioja y exvicepresidente del cuerpo), el contador Claudio Fabián Bonaldi (exsecretario en la cartera de Educación y referente del ámbito universitario riojano), y el abogado José Antonio Martínez, oriundo de Chilecito y con trayectoria en despachos parlamentarios nacionales y la Secretaría de Hacienda municipal.

El control preventivo frente al embate opositor rumbo a 2027

El control estricto de las resoluciones del Tribunal de Cuentas resulta vital para la Casa de las Tejas en un contexto de estrechez de recursos, donde el Gobierno debió apelar a la emisión de cuasimonedas (BOCADE) y a la creación de tributos de emergencia para sostener el gasto social. Cualquier observación técnica o cargo de reparo sobre el destino de los fondos públicos abriría flancos débiles en la gestión.

La disputa por los sillones de las minorías adquiere un voltaje particular hacia 2027. Con La Libertad Avanza asentada como la principal bancada opositora en la Legislatura provincial bajo el liderazgo de Martín Menem, el reparto constitucional del artículo 192º pondrá a prueba la mayoría oficialista: mientras los libertarios reclaman la fiscalización de las empresas públicas y los giros discrecionales, el quintelismo busca asegurar que las llaves del control presupuestario permanezcan bajo su propia órbita política.