El dirigente chileciteño aceptó integrar la lista de unidad pero avisó que no irá a “calentar una silla”. Denunció discriminación contra el interior tras el pase a planta de 4.000 empleados en la Capital, expuso el drama de los sueldos en negro frente a boletas de luz impagables y exigió un banco de tierras.

El cierre de listas de unidad en el Partido Justicialista de Chilecito, lejos de pacificar el frente interno, desató una de las embestidas más duras que recuerde la gestión de Ricardo Quintela desde las propias filas del oficialismo. El exdiputado provincial Enrique Molina, con doce años de trayectoria en la Cámara baja riojana, confirmó su incorporación a la conducción partidaria departamental tras declinar su propia candidatura a presidente del PJ, pero lanzó una advertencia descarnada: acusó al gobernador de incumplir leyes laborales vigentes y ordenanzas históricas, señalando que la falta de aplicación de esas normas constituye causal de juicio político.

“El gobernador está violando una ley provincial de mi autoría junto al actual intendente de Chilecito, Rodrigo Brizuela y Doria, que ordena la eliminación paulatina y gradual de la precarización laboral. También se ignora la ordenanza del fallecido, que rige como ley en el departamento para que los hijos de los empleados municipales ingresen en su lugar. Si no las van a respetar, que se junten los diputados y los concejales y las deroguen. Violar las leyes es motivo y causal de juicio político; no lo digo yo, lo marca la Constitución”, disparó Molina en una entrevista radial con el periodista Daniel Frías.

El dirigente reconoció que aceptó sumarse a la lista acordada por Santiago Azulay y la dirigente Griselda Herrera para evitar una interna que desgaste al peronismo, pero aclaró que no mantendrá una actitud pasiva: “Cometieron un error si pensaban que dándome un lugar ad honorem me iban a callar la boca. Mis intenciones siguen intactas y voy a ser carne de cañón para reclamarle al presidente del partido y gobernador todo lo que le falta a Chilecito”.

La desigualdad con la Capital y la trampa de los sueldos en negro

Uno de los puntos más ásperos del descargo de Molina apuntó a la marcada disparidad en la distribución de recursos entre el interior y la Capital. El dirigente recordó que apenas asumió su primer mandato en diciembre de 2019, Quintela resolvió el pase a planta permanente de casi 4.000 trabajadores precarizados que prestaban servicios en el municipio capitalino, un beneficio que nunca derramó en las comunas del oeste y los Llanos.

“¿Cómo alcanzó la colcha para blanquear a 4.000 empleados en la Capital y no se puede mirar al interior? En Chilecito, en Famatina y en cada rincón de la provincia hay miles de personas trabajando en negro para el Estado municipal y en el sistema de salud pública. Faltó firmeza en la dirigencia del interior para plantarse y exigir los mismos derechos”, fustigó el exlegislador.

Molina también cargó contra la política previsional oficial, que intenta forzar el pase a retiro de agentes con edad de jubilarse. Explicó que el pago histórico de sumas no remunerativas en los recibos provinciales destruye el haber previsional: “El gobierno peronista lleva más de 40 años liquidando ítems en negro y el ANSES solo computa los últimos 10 años de aportes en blanco. Por eso la gente no se quiere jubilar: un empleado municipal categoría 24 cobra 450.000 pesos y le llega una boleta de luz de Edelar, que es una empresa nuestra, de 300.000 o 400.000 pesos. Con ese ingreso no se puede sobrevivir”.

En ese marco, reclamó «reconducir el presupuesto provincial» para fijar prioridades urgentes: recomposición salarial real en blanco, erradicación del trabajo precarizado y tarifas energéticas subsidiadas para las familias.

Drama en los hospitales, achique en los bolsones y un banco de tierras

En el terreno social, Molina trazó un panorama sombrío sobre la realidad cotidiana de las familias chileciteñas. Detalló que a diario debe gestionar de manera informal ante directivos del hospital local y de la obra social provincial APOS para conseguir medicamentos oncológicos, tratamientos de quimioterapia, tomografías y radiografías que los centros de salud no cubren por falta de insumos.

La escasez también se refleja en la asistencia alimentaria que envía la Casa de las Tejas: “Hoy Desarrollo Social manda 900 bolsones al municipio de Chilecito, pero la caja de leche que antes venía de 800 gramos ahora llega reducida a un paquete de 450 gramos. La gente está pasando hambre y no alcanza para nada”.

Asimismo, exigió la conformación urgente de un banco de tierras fiscales en el departamento para planificar loteos sociales con servicios básicos y frenar la toma desordenada de terrenos: “No podemos permitir que esto termine en una guerra de pobres contra pobres disputándose un pedazo de tierra”.

El pronunciamiento de Molina resuena con fuerza en la antesala de la asunción de las nuevas autoridades justicialistas. Al desafiar abiertamente la línea oficial y plantear la figura del juicio político por incumplimientos laborales, el exlegislador expuso las profundas fracturas que anidan en el peronismo del interior, avisando que el debate por la sucesión provincial no se saldará en silencio ni bajo la complacencia de los despachos de la Capital.