Aunque Ricardo Quintela resiste apurar el calendario para no quedar atrapado en su propia sucesión, la certeza de un Presupuesto nacional sin partidas extras precipita la definición. La presión de los intendentes, el cerrojo legal de los 90 días y el tablero de una provincia que enfrenta su hora más crítica.

La discusión sobre el adelantamiento de las elecciones en La Rioja dejó de ser un rumor de pasillo para convertirse en el debate medular del poder provincial. Detrás de la danza de fechas y los cálculos electorales subyace una paradoja silenciosa: el gobernador Ricardo Quintela no está del todo convencido de apurar el llamado a las urnas, pero su propio gabinete y los caciques del interior le advierten que la administración se está quedando «sin nafta». La cruda realidad de las cuentas públicas, jaqueadas por el ajuste de la Casa Rosada, amenaza con agotar las reservas operativas mucho antes de que finalice el mandato constitucional en 2027.

La resistencia inicial de Quintela responde a una lógica política clásica: adelantar los comicios y consagrar un sucesor meses antes del traspaso de mando aceleraría el síndrome del «pato rengo», licuando su autoridad en el último tramo de gobierno y complicando su proyección como armador del peronismo federal. Sin embargo, los intendentes y referentes territoriales del Partido Justicialista miran los números de la macroeconomía y le exigen fijar fecha en mayo: saben que plebiscitar el proyecto en el primer semestre es la única garantía de victoria antes de que el estrangulamiento presupuestario nacional termine erosionando el humor social en los barrios y departamentos.

El blindaje institucional está listo. La Constitución provincial (artículo 149, inciso 3) le otorga al mandatario la facultad indelegable de fijar la fecha sin pasar por la Legislatura, mientras que la Ley Electoral N° 5.138 establece que la convocatoria debe realizarse mediante decreto con una antelación mínima de noventa días corridos, celebrarse en día domingo y antes del cese de mandatos.

El cerrojo del Presupuesto nacional y el límite de la billetera provincial

El combustible del adelantamiento es estrictamente económico. En el proyecto de Presupuesto Nacional enviado por Javier Milei al Congreso, La Rioja quedó despojada de cualquier auxilio extraordinario: la Casa Rosada eliminó de cuajo el histórico artículo que compensaba el punto de coparticipación cedido en 1988. Para 2027, la provincia solo percibirá los giros automáticos de coparticipación federal de impuestos, sin fondos para obras públicas, subsidios al transporte ni partidas habitacionales.

Ese cerrojo financiero impacta de lleno sobre un tejido productivo y social que ya exhibe heridas profundas en toda la geografía riojana:

• Construcción paralizada: De 120 empresas inscriptas en el IERIC, cerraron 70. El empleo formal del sector se desplomó de 2.500 obreros a escasos 400 activos, mientras 300 viviendas permanecen frenadas a medio construir por falta de partidas nacionales.
• Quebranto vitivinícola: En Chilecito y Castro Barros, la imposibilidad de pagar las facturas eléctricas paralizó 64 perforaciones de agua a 150 metros de profundidad. Con 135 familias despedidas y 1.650 hectáreas de parrales en abandono, la falta de riego amenaza con secar la producción antes de la vendimia.
• Polo textil asfixiado: En el Parque Industrial capitalino ya se perdieron más de 3.000 puestos de trabajo por la caída de la demanda y el ingreso de importaciones desreguladas desde plataformas asiáticas, en medio de embargos automáticos ejecutados por ARCA sobre cuentas sueldos.
• Endeudamiento familiar: Casi 13.000 riojanos debieron acudir a las sucursales del Banco Rioja para renegociar créditos personales y tarjetas, tomando nuevos pasivos con tasas bonificadas del 56% no para comprar bienes, sino exclusivamente para pagar deudas atrasadas con financieras privadas.
• Servicios básicos al límite: El penal provincial opera al borde del hacinamiento al albergar a 552 reclusos en un espacio apto para 286, mientras la Provincia debe costear con fondos propios la alimentación y salud de 100 detenidos federales ante una deuda de 18 meses impaga por parte de la Nación.

Frente a este escenario de desgaste, estirar la contienda provincial hasta el turno de las elecciones nacionales implicaría gobernar con el tanque vacío durante un invierno de recesión prolongada, arriesgando la gobernabilidad y el capital político acumulado.

El reclamo del interior y el choque de liderazgos sucesorios

La presión sobre Quintela se tornó explícita desde los distritos más pesados del interior. El presidente del PJ de Chilecito, Santiago Azulay, verbalizó la demanda territorial al plantear que “hay que evaluar muy inteligentemente la posibilidad de adelantar las elecciones, donde el justicialismo tiene muchísimas chances”. Azulay no solo pidió apurar las urnas, sino que le cerró la puerta a la ley de lemas por considerarla jurídicamente distorsiva y avisó que el oeste exigirá encabezar la fórmula provincial con dirigentes de peso como el intendente Rodrigo Brizuela y Doria o el senador Fernando Rejal.

Brizuela y Doria fue todavía más directo: pidió que lo anoten formalmente en la grilla gubernamental, exhibiendo como capital el respaldo unánime de todo el peronismo chileciteño y marcando diferencias con los candidatos capitalinos. En la vereda opuesta, jefes comunales de los Llanos como Uriel Vargas (San Martín) rompieron con estructuras históricas locales, aseguraron su propia reelección y anticiparon que la Casa de las Tejas debe ser conducida por primera vez por una mujer.

La proliferación de aspirantes —que incluye además al ministro de Infraestructura Marcelo del Moral, a la vicegobernadora Teresita Madera, a la senadora Florencia López y a la diputada nacional Gabriela Pedrali— obligó a la cúpula partidaria a encender alarmas. El presidente del Congreso Justicialista, Fabián de la Fuente, celebró que los dirigentes caminen la provincia con el bastón de mariscal, pero lanzó una advertencia disciplinaria perentoria: nadie sacará los pies del plato y todos deberán acatar la síntesis final que determine la lapicera de Quintela. Para el oficialismo, la convocatoria anticipada funciona también como un dique de contención para evitar que la disputa interna se desmadre.

El escudo contra la Boleta Única y el cronograma de mayo

El otro factor determinante es de orden técnico-electoral. La implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional dejó al peronismo riojano ante una trampa táctica: competir en una misma jornada con el esquema nacional licuaría la fuerza del tradicional aparato territorial justicialista.

Al desdoblar y convocar a votar en mayo —reeditando la fórmula que el 7 de mayo de 2023 le dio a Quintela una victoria contundente y le permitió recuperar la Capital meses antes del balotaje presidencial—, la provincia preservará el uso de la boleta partidaria múltiple y el sistema de colectoras en los departamentos. Ese entramado de listas colectoras permite que decenas de candidatos a concejales e intendentes movilicen el voto de abajo hacia arriba, neutralizando el arrastre de las figuras de La Libertad Avanza apadrinadas por Martín Menem.

La oposición acusa el impacto de esta estrategia. En la Unión Cívica Radical, conducida por Gustavo Galván y con la solitaria banca legislativa de Gabriela Rodríguez, ya descuentan que el adelantamiento es un hecho consumado. Esa certeza los empuja a acelerar su propia interna del 8 de noviembre y apurar definiciones sobre una eventual alianza electoral con los libertarios para evitar una derrota testimonial frente a la maquinaria oficialista.

Si el gobernador termina cediendo a la presión de sus bases y firma el decreto para un domingo de mayo, el calendario se activará a comienzos del verano:

• Febrero: Publicación del decreto de convocatoria (90 días antes del comicio).
• Marzo: Cierre de alianzas electorales (60 días antes) y presentación formal de listas de candidatos (50 días antes).
• Abril: Inicio formal de la campaña audiovisual y gráfica en los 18 departamentos.
• Mayo: Comicios generales para renovar gobernador, vicegobernador, intendentes, concejales y diputados provinciales.

El peronismo riojano se asoma a una decisión de supervivencia. Con la certeza de que el gobierno nacional no enviará fondos extraordinarios y que el combustible financiero se agota, Ricardo Quintela debe resolver su dilema más complejo: si prioriza sus propios tiempos de repliegue o si cede a la demanda de los intendentes para librar la batalla electoral en mayo, antes de que el desgaste de administrar la escasez termine quebrando la hegemonía justicialista en la provincia.