El presidente de la Cámara de la Construcción local, Héctor Spallanzani, reveló que sobrevivieron solo 50 de las 120 firmas inscriptas en el IERIC tras el parate de la obra pública nacional. Advirtió que las promesas viales de Martín Menem no beneficiarán a las pymes provinciales y alertó que los créditos hipotecarios son inaccesibles para los salarios riojanos.

El freno a cero de la obra pública decretado por la administración de Javier Milei pulverizó el entramado de la construcción en La Rioja. En un lapso de 30 meses de parálisis generalizada, 70 empresas constructoras bajaron sus persianas de forma definitiva y el empleo formal del sector sufrió una sangría demoledora: de 2.500 obreros registrados que supo cobijar la actividad, hoy apenas subsisten 400 trabajadores activos en toda la provincia.

Los datos oficiales fueron confirmados por el presidente de la Cámara de la Construcción de La Rioja, Héctor Spallanzani, en base a los registros del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC). El directivo detalló que el padrón provincial cayó de 120 a escasas 50 firmas operativas, ubicando a la jurisdicción en el piso histórico de volumen empresario a nivel nacional.

“La caída fue brutal. Si bien un 80% de las 70 empresas que cerraron eran firmas que nacieron al calor del crecimiento circunstancial de la obra pública en gestiones anteriores, el 20% restante eran compañías tradicionales que llevaban décadas en el rubro y que no pudieron soportar los costos fijos de sus estructuras ante la falta total de actividad”, explicó Spallanzani.

La ilusión del rebote estadístico y la trampa hipotecaria

El titular de la cámara desarmó el relato del gobierno central sobre una supuesta reactivación económica en «V», relativizando las cifras nacionales que mostraron un repunte del 0,4% en agosto respecto a julio. “Ese número maquilla una caída interanual superior al 20% y un acumulado del 34% en los últimos años. No hay ningún rebote; estamos estancados en una planicie en el fondo del pozo y no se avizora ninguna política pública que reactive la infraestructura”, sentenció.

La asfixia se traslada de lleno al déficit habitacional. Mientras en el país se otorgaron apenas 14.000 créditos hipotecarios en lo que va del año —frente a un déficit estructural de 4 millones de viviendas—, en La Rioja el acceso a las líneas bancarias es prácticamente nulo. Spallanzani explicó que los bancos exigen ingresos familiares superiores a los 3 millones de pesos para calificar, una barrera infranqueable para una provincia donde la masa salarial de la administración pública y el comercio percibe ingresos que no alcanzan a cubrir esa vara.

En ese escenario, la obra pública provincial funciona como un dique de contención al límite de sus posibilidades financieras. La Casa de las Tejas sostiene a ritmo lento la terminación de unas 600 viviendas sociales para evitar su deterioro y el vandalismo en los obradores, mientras que otras 300 unidades permanecen a medio construir a la espera de fondos que permitan reactivar las certificaciones de obra.

Promesas libertarias a medida de firmas foráneas y la expectativa minera

Consultado sobre las gestiones que la conducción local de la UOCRA mantuvo con el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y el legislador Gino Visconti —quienes prometieron reactivar cinco tramos de obras viales antes de fin de año—, Spallanzani enfrió cualquier entusiasmo para las empresas riojanas.

“A las pymes locales no nos cambia el panorama. Las obras viales de gran envergadura son adjudicadas a corporaciones foráneas con capacidad técnica pesada que traen sus propios subcontratistas de afuera. A lo sumo, pueden absorber una fracción menor de mano de obra desocupada, pero el beneficio económico no queda en las empresas de La Rioja”, advirtió.

El dirigente también le puso paños fríos al desembarco de la minería cordillerana como salvavidas inmediato para el sector. Aclaró que la etapa actual de prospección y exploración solo demanda servicios menores a pequeña escala, como alquiler de módulos sanitarios y camionetas para campamentos que emplean entre 15 y 20 operarios en el oeste provincial.

“La minería puede ser una salida a largo plazo, pero la provincia debe exigir que los recursos que genere se traduzcan en infraestructura real y perdurable para los pueblos del interior, no en un enclave extractivo que se marcha y no deja nada”, concluyó.

La crisis de la construcción desnuda el costo social del ajuste fiscal en las provincias del norte. Sin obra pública nacional, con planes de vivienda paralizados y créditos hipotecarios vedados para el bolsillo del trabajador común, las cincuenta constructoras que aún sobreviven en La Rioja agotan sus últimas reservas financieras, atrapadas en un laberinto recesivo que amenaza con borrar del mapa a los últimos 400 obreros que todavía conservan su empleo en blanco.