El ministro Ariel Martínez defendió la vigencia de la norma que fija un tope de cuatro cohortes para carreras terciarias y prometió canalizar los reclamos en la reglamentación. Además, anticipó una ley para restringir los celulares en las aulas y denunció que Nación paralizó 10 obras escolares en la provincia.
En medio de las crecientes manifestaciones que se instalaron en las puertas de la cartera educativa provincial, el gobierno de La Rioja ratificó la plena vigencia de la flamante Ley 10.902 de Educación Superior. El ministro de Educación, Ariel Martínez, descartó de manera categórica cualquier posibilidad de derogar o suspender la norma recientemente promulgada por el gobernador Ricardo Quintela, aunque abrió una instancia de diálogo técnico con los institutos de formación docente para consensuar aspectos operativos durante la redacción de su decreto reglamentario.
La confirmación oficial busca poner un freno a los reclamos encabezados por la comunidad del Instituto Superior de Formación Docente Albino Sánchez Barros y diversos profesorados del interior. Los sectores movilizados exigen frenar la reestructuración del nivel terciario, que establece un límite estricto de cuatro cohortes consecutivas para la apertura de carreras y habilita procesos de reconversión institucional bajo la órbita de seis coordinaciones zonales.
La defensa de la Ley 10.902 y el debate por las carreras
«Esta ley no surgió de un día para el otro ni fue una decisión intempestiva. Es el resultado de un proceso de más de dos años y medio de trabajo que comenzó en 2022 junto a rectores, coordinadores y equipos técnicos de toda la provincia, y que tuvo un año de debate en la Comisión de Educación de la Legislatura», remarcó Martínez al justificar el nuevo marco regulatorio provincial.
El ministro reconoció el malestar en la comunidad educativa pero sostuvo que los cambios son necesarios para adecuar la oferta terciaria a las demandas formativas actuales: «Toda transformación de fondo genera resistencias e incertidumbre. Seremos sensibles para escuchar las voces y ajustar definiciones en la reglamentación, pero el norte es modernizar el sistema, asegurar la validez de los trayectos formativos y resguardar la estabilidad laboral de nuestros docentes».
Desde la cartera educativa insistieron en que la normativa garantiza un ordenamiento federal para que los institutos no queden atados a planes de estudio saturados en el mercado laboral docente, asegurando además la continuidad de los estudiantes que ya se encuentran cursando las carreras que ingresarán en proceso de revisión.
Límites al celular en el aula y alarma por la Inteligencia Artificial
En paralelo al conflicto terciario, Martínez confirmó que el Ejecutivo enviará la semana próxima a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para prohibir el uso discrecional de teléfonos celulares y pantallas en los niveles inicial, primario y secundario. La iniciativa, motorizada por el gobernador Quintela y la legisladora Lourdes Ortiz, establecerá que los dispositivos móviles solo podrán encenderse para actividades pedagógicas planificadas bajo la supervisión directa del educador.
La medida responde a la alarma generada por casos de ciberacoso y abusos digitales registrados en distintos puntos del país, como la edición no consentida de fotografías de alumnas secundarias mediante Inteligencia Artificial con fines de extorsión y difusión sexual. «La evolución tecnológica aportó herramientas pedagógicas, pero su uso desmedido abrió la puerta a situaciones delictivas que preocupan a la escuela y a la familia. Países avanzados como Finlandia hoy retiran las pantallas de las aulas para recuperar el libro físico y la concentración en la lectura y la matemática», comparó el funcionario.
Martínez advirtió también sobre los riesgos asociados a la ludopatía digital y el acceso de menores a plataformas de apuestas virtuales durante el horario de clases. En ese sentido, destacó que en La Rioja, donde el 70% de las escuelas son rurales y más del 90% cuentan con pisos tecnológicos conectados a internet, el control del aula resulta determinante y anticipó el inicio del Segundo Congreso Provincial de Inteligencia Artificial para capacitar a los docentes en el manejo ético de estas herramientas.
Diez escuelas paralizadas por el recorte de la Casa Rosada
El titular de la cartera educativa expuso además un cuadro crítico sobre el financiamiento edilicio escolar, producto del cierre total de partidas que dispuso la administración del presidente Javier Milei. Según detalló, el gobierno nacional cortó de forma absoluta los fondos destinados tanto al mantenimiento edilicio preventivo como a las grandes obras escolares en territorio riojano.
«El presupuesto para infraestructura hoy es cien por ciento provincial. No recibimos ni un solo peso de ayuda nacional y tenemos diez nuevos edificios escolares completamente paralizados por decisión de la Casa Rosada», denunció Martínez al trazar el balance de gestión.
Frente a esa asfixia presupuestaria, el ministerio inició relevamientos de emergencia para afrontar con recursos propios las tareas de reparación durante el receso de verano, buscando asegurar las condiciones edilicias básicas de cara al ciclo lectivo 2027 en un contexto donde el Estado provincial debe asumir en soledad la totalidad de los costos operativos del sistema escolar.
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