La Asociación de Instituciones Educativas Privadas de La Rioja intimó al Ejecutivo provincial a liquidar dos cuotas adeudadas de 50.000 bocades. Alertan por una mora de hasta cuatro meses en el pago de cuotas familiares debido a la recesión fabril.

La implementación del Bono de Cancelación de Deuda (Bocade) en el esquema retributivo riojano abrió un frente de rispidez técnico-administrativo en el sistema educativo. Alrededor de 300 docentes que se desempeñan de forma exclusiva en el subsistema de gestión privada aún no percibieron las dos cuotas de 50.000 chachos correspondientes a las mejoras de agosto y septiembre dispuestas por la Casa de las Tejas.

La presidenta de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de La Rioja, Verónica Lanfranchi, advirtió que las entidades patronales liquidaron en tiempo y forma los aumentos fijados en pesos sobre los recibos de sueldo, pero remarcó que las escuelas carecen de facultades y de liquidez para emitir o distribuir cuasimonedas provinciales.

El cuello de botella administrativo

La controversia radica en la operatividad de los bonos. Al tratarse de un instrumento no bancarizado que opera por fuera del recibo formal de haberes y de las plataformas de cobro electrónico, la erogación recae exclusivamente sobre la Tesorería provincial. Desde el Ministerio de Educación argumentaron demoras en el cruce de padrones para evitar superposiciones con agentes estatales que ya cobraron el beneficio en la administración pública.

«Las escuelas de gestión privada no manejamos chachos ni emitimos moneda. Cuando el gremio firma un acuerdo paritario con el Estado debe garantizar que los fondos alcancen a todos los trabajadores alcanzados por el mismo convenio laboral», remarcó Lanfranchi, tras confirmar presentaciones formales ante los despachos de Educación, Hacienda y Gobierno para destrabar el expediente.

Efecto recesivo y asfixia en los colegios

El conflicto salarial coincide con un marcado deterioro en las finanzas de las instituciones intermedias. La dirigencia del sector alertó que el parate de la actividad en el Parque Industrial y la caída de ventas en el comercio minorista derivaron en un incremento de la morosidad familiar: se multiplican los casos de hogares que adeudan entre tres y cuatro mensualidades consecutivas.

Frente al retiro de la obra pública y la contracción del gasto primario promovida por la Casa Rosada, las provincias periféricas recurrieron a bonos de emergencia para apuntalar el consumo de subsistencia. Sin embargo, la brecha de financiamiento de los colegios privados —que solventan salarios, insumos y tarifas con la recaudación de la cuota— evidencia los límites operativos de las herramientas cuasimonetarias cuando chocan con la economía formal y la parálisis del sector privado.