La firma de préstamos al consumo inició una acción declarativa de derecho con pedido de medida cautelar en el Juzgado Federal N° 1. Es la segunda empresa del rubro que litiga esta semana contra el marco regulatorio y fiscal implementado en la provincia.

La controversia entre las empresas del sector crediticio no bancario y las políticas regulatorias provinciales sumó un nuevo capítulo de fuerte impacto en los estrados federales. La compañía financiera Credil S.R.L. radicó una demanda formal contra el Estado de la Provincia de La Rioja en los tribunales federales de la jurisdicción, abriendo un frente de litigiosidad corporativa en el interior del país.

El expediente ingresó bajo el número FCB 040494/2026, caratulado «Credil S.R.L. c/ Estado Provincial – Provincia de La Rioja s/ Acción Meramente Declarativa de Derecho», y quedó radicado en la Secretaría Civil y Comercial del Juzgado Federal N° 1, encontrándose actualmente en despacho para su primer proveído.

Medida cautelar y cuestionamiento a las normas locales

La presentación fue impulsada por los letrados apoderados Pedro Nicolás Carreño y Gabriel Adolfo García Cruz —la misma representación legal que promovió un litigio análogo para la firma INDO S.A.—, acompañada por un pedido de medida cautelar previa para suspender la aplicación de normativas provinciales que inciden sobre la operatoria del crédito al consumo.

La ofensiva jurídica apunta a neutralizar las disposiciones locales que imponen tributos de emergencia y esquemas de congelamiento o trabas a embargos judiciales. Estas medidas fueron adoptadas por la administración provincial para contener el sobreendeudamiento familiar, pero el sector privado advierte que lesionan el principio de supremacía federal y el marco comercial de alcance nacional.

Un pulso que trasciende el plano provincial

El avance de los planteos judiciales en La Rioja es seguido con atención por cámaras empresariales y entidades crediticias de toda la Argentina. Frente a la contracción de transferencias discrecionales desde la Casa Rosada, varios distritos ensayan tributos extraordinarios o restricciones a ejecuciones por deuda.

La resolución que adopte el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena sobre la admisibilidad de la cautelar sentará un precedente directo sobre la potestad de las provincias para regular la actividad financiera informal frente a los derechos consagrados en la Constitución Nacional.

La demanda