Se trata del tercer planteo corporativo ingresado esta semana ante los Tribunales Federales bajo la figura de acción meramente declarativa con pedido de cautelar. Las empresas crediticias buscan frenar gravámenes extraordinarios y trabas operativas locales.

La rispidez entre el sector de préstamos al consumo y la administración pública riojana alcanzó una fase de judicialización masiva en los tribunales federales. La firma crediticia Maeba S.R.L. radicó una demanda formal contra el Estado de la Provincia de La Rioja, consolidando una ofensiva corporativa coordinada junto a los litigios ya promovidos por Credil e INDO S.A..

La causa quedó registrada bajo el expediente FCB 040493/2026, caratulado «MAEBA S.R.L. c/ Estado Provincial – Provincia de La Rioja s/ Acción Meramente Declarativa de Derecho», tramitada ante la Secretaría Civil y Comercial del Juzgado Federal N° 1 de La Rioja, donde permanece en despacho para el análisis de procedencia formal.

Estrategia procesal unificada y pedido cautelar

Al igual que en los expedientes precedentes, la acción cuenta con la representación de los abogados apoderados Pedro Nicolás Carreño y Gabriel Adolfo García Cruz. El escrito incorpora el pedido de una medida cautelar urgente tendiente a suspender la aplicación de los tributos de emergencia y las restricciones normativas que gravan la actividad financiera privada en el territorio.

El foco de la controversia apunta al paquete de medidas implementado por el Ejecutivo riojano para mitigar el sobreendeudamiento de las familias y sostener las cuentas fiscales ante el recorte de giros discrecionales de Nación. Entre ellas, se destacan los aportes extraordinarios sobre entidades de crédito y el congelamiento o limitación de embargos judiciales, instrumentos que las prestamistas denuncian como lesivos a la seguridad jurídica nacional.

Trascendencia y precedente federal

El frente judicial abierto en La Rioja despierta atención prioritaria en las cámaras financieras del país. La acumulación de causas idénticas en un mismo juzgado federal perfila un caso testigo de relevancia institucional: definirá si las provincias conservan potestades extraordinarias de regulación económica local o si prevalece la competencia federal en materia de derecho comercial y bancario.

Con el expediente en despacho, la resolución que dicte la Justicia Federal respecto a la medida cautelar marcará el pulso de la viabilidad tributaria provincial y sentará jurisprudencia ante situaciones análogas en el resto del Norte Grande.

La demanda