La hermana del soldado desaparecido celebró el fallo de la Corte Suprema que ordena revisar la absolución del exjefe del Ejército, desmontó la coartada administrativa del represor, apuntó contra las complicidades políticas y repudió los discursos negacionistas.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó sin efecto la absolución de César Milani reabrió el debate sobre su rol en el terrorismo de Estado.Graciela Ledo, hermana de Alberto Agapito Ledo —el conscripto riojano desaparecido en 1976—, profundizó en el eje central que motivó la intervención del máximo tribunal: desarmar la coartada que presentó al militar como un mero oficinista ajeno al secuestro y asesinato de su hermano.

El acta fraguada y el rol activo en Tucumán

«La Corte Suprema fijó lineamientos muy claros: la prueba debe valorarse en su contexto histórico y operacional, no de forma aislada», remarcó Ledo. Durante años, la defensa sostuvo que el entonces subteniente Milani se limitó a un trámite rutinario al firmar el sumario de supuesta «deserción».

Graciela desacreditó de raíz esa versión: «Milani no era un burócrata que no sabía lo que hacía. Sabía perfectamente quién era Alberto, sabía que no se había escapado y que jamás fue un desertor; de hecho, todas sus pertenencias, hasta sus lentes, quedaron en el campamento».

Asimismo, reconstruyó la secuencia cronológica y geográfica que ubica al exjefe castrense en el centro del operativo represivo:

• Inteligencia previa: La persecución sobre Ledo y otros soldados conscriptos comenzó con tareas de seguimiento ideológico y fichaje en La Rioja antes del traslado.
• Presencia en Tucumán: «El día en que ingresaron a Alberto como prisionero al centro clandestino del Arsenal Miguel de Azcuénaga, el propio legajo de Milani certifica que él estaba apostado en la provincia, desmontando las declaraciones de testigos de la defensa», enfatizó.
• El documento encubridor: «El acta de deserción fue un instrumento ideológicamente falso, confeccionado de forma deliberada para encubrir su secuestro, las torturas y su posterior desaparición forzada», concluyó.

La «protección política» y el reproche a las senadoras riojanas

Al analizar por qué la causa demandó cinco décadas mientras otros juicios de lesa humanidad avanzaron con mayor celeridad, Graciela apuntó al entramado de poder que blindó a Milani. Señaló que su trayectoria en las áreas de inteligencia militar sumada al respaldo del poder ejecutivo que lo designó jefe del Ejército durante el kirchnerismo condicionó la actuación de fiscales y jueces de instrucción.

En ese marco, recordó el reclamo directo que la familia trasladó a los legisladores nacionales: «Habiéndoles advertido con toda la documentación en mano, fue una traición a un riojano comprometido que las senadoras de La Rioja, Hilda Aguirre de Soria y Teresita Luna, aprobaran el pliego de su ascenso a pesar de nuestras advertencias».

A su vez, aclaró las versiones sobre las defensas técnicas: descartó que el abogado y actual legislador Pagotto haya defendido a Milani —función que estuvo a cargo de José Manuel Ubeira y Mariana Barbitta en Buenos Aires, además de letrados locales en Tucumán—, aunque recordó que Pagotto sí representó a otros represores procesados en la provincia, como Luciano Benjamín Menéndez y Herminio Jesús Estrella.

Dolor por el negacionismo y el deterioro social

Consultada sobre el clima político actual y los discursos oficiales que relativizan el terrorismo de Estado, Ledo expresó profunda preocupación: «Negar y reivindicar el genocidio provoca dolor y bronca. Quienes niegan el exterminio desconocen la historia o defienden intereses vinculados a ese plan, que fue cívico, militar, eclesiástico y empresarial».

Invocando el ideario pastoral de monseñor Enrique Angelelli, comparó la falta de justicia histórica con las privaciones del presente: «Las injusticias son situaciones de pecado, como decía monseñor. Es doloroso ver a miles de personas haciendo veinte cuadras de cola por un empleo, pymes cerradas, jubilaciones de miseria y hospitales o universidades sin presupuesto. Los nuestros dieron su vida por una sociedad justa; su memoria merece ese respeto».

Con el expediente remitido nuevamente a la Cámara Federal de Casación Penal para que una sala con nueva integración dicte un pronunciamiento apegado a las directrices de la Corte, la familia Ledo reiteró su exigencia histórica: una condena efectiva en prisión común para Milani y el cumplimiento estricto de la pena impuesta al excapitán Esteban Sanguinetti.