El gobernador de San Juan anunció la transformación en autopista de 24,5 kilómetros del corredor nacional mediante financiamiento propio con títulos provinciales. Un esquema de obra pública provincializada que contrasta con el freno de la infraestructura vial y la estrechez financiera riojana.

En momentos en que la obra pública financiada por la Nación continúa con el grifo cerrado en todo el país, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, anunció la puesta en marcha de un proyecto de envergadura sobre la traza de la Ruta Nacional 20. Se trata de la construcción de una autopista de 24,5 kilómetros entre la calle Gorriti y el acceso a la ciudad de Caucete, una arteria troncal que articula la conectividad entre el Gran San Juan y el corredor productivo que enlaza hacia el este con San Luis, Córdoba y Buenos Aires.

«Con financiamiento del Bono San Juan, construiremos dos calzadas separadas, con dos carriles por sentido, nuevos puentes, colectoras e iluminación. Esto va a ordenar la circulación de las familias, el transporte público y el transporte de cargas, fortaleciendo la conexión entre Caucete, 9 de Julio, Santa Lucía y el resto del Gran San Juan», detalló el mandatario sanjuanino a través de sus canales oficiales.

El modelo de financiamiento propio frente al retiro de Nación

El dato central de la iniciativa radica en la ingeniería financiera: San Juan asume una obra sobre una traza de jurisdicción nacional recurriendo a instrumentos crediticios locales estructurados a través del Bono San Juan. Lejos de esperar una reactivación de las partidas extraordinarias de la Dirección Nacional de Vialidad o agotar la estrategia en reclamos administrativos ante Balcarce 50, la gestión de Orrego optó por un esquema de administración directa que moviliza liquidez provincial para dar respuesta a un histórico reclamo de seguridad vial.

Esta vía de financiamiento alternativo contrasta con la realidad que exhibe La Rioja. En territorio riojano, corredores estratégicos dependientes de convenios nacionales —como los tramos pendientes sobre la Ruta Nacional 75 hacia la Costa riojana o los empalmes de la Ruta Nacional 73 que deben unir la Capital con Chilecito a través del Velasco— permanecen en un estado de virtual congelamiento ante la falta de transferencias nacionales no automáticas y el severo torniquete en el presupuesto de infraestructura.

El contraste con la administración riojana

El movimiento en la vecina provincia cuyana repercute de lleno en el debate político doméstico. Mientras San Juan canaliza títulos provinciales hacia obras viales de alto tránsito y generación de empleo privado genuino, la Casa de las Tejas debió concentrar sus escasos recursos en la contención de la masa salarial y recurrir a la emisión de cuasimonedas (BOCADE) para garantizar la operatividad elemental del Estado y la asistencia alimentaria.

A su vez, la postura de Orrego —quien mantiene una relación institucional pragmática y sin estridencias con el Gobierno nacional— le permite sortear el aislamiento financiero que hoy condiciona a La Rioja. La posibilidad de estructurar obras viales de gran porte con herramientas financieras provinciales evidencia que la gestión del repliegue nacional admite márgenes de acción diferenciados según el grado de solidez fiscal previa de cada distrito.

El anuncio de la nueva autopista a Caucete termina de tensar la comparación regional. Con los bloques opositores riojanos cuestionando el destino de los recursos propios y la sobredimensión de la estructura de empresas públicas (SAPEM), la postal sanjuanina de calzadas, puentes e iluminación licitados con fondos del tesoro provincial reabre una pregunta incómoda en la mesa chica del oficialismo riojano: cómo sostener una agenda de desarrollo e infraestructura cuando el modelo de trinchera estatal se queda sin margen crediticio para trascender el gasto corriente.