Fuentes universitarias de la Casa de Altos Estudios alertaron que el Ejecutivo nacional incurre en una «anulación inconstitucional encubierta» al trabar la Ley de Financiamiento pese al fallo judicial en contra. El presupuesto proyectado para 2027 llega con un recorte del 26%, mientras en los pasillos académicos advierten que el conflicto escala hacia una crisis inédita de división de poderes.

El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas ingresó en un terreno de gravedad institucional sin precedentes. Fuentes universitarias de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) denunciaron que la administración de Javier Milei resolvió desconocer abiertamente el pronunciamiento de la Justicia que declaró inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia con el que la Casa Rosada intentó bloquear la Ley de Financiamiento Universitario. En el Rectorado advierten que el desacato del Poder Ejecutivo ante las decisiones conjuntas del Congreso y los tribunales federales empuja al sistema republicano a una zona de colapso.

La controversia escaló tras la sanción legislativa que ratificó por dos tercios la norma de financiamiento. Para eludir su cumplimiento, el Ejecutivo nacional apeló al decreto 759, subordinando el envío de partidas al artículo 5 de la Ley de Administración Financiera bajo el argumento de que el Congreso no fijó la fuente de recursos. «Esa cláusula funcionó como un veto encubierto no autorizado por la Constitución; el juez ya determinó su inconstitucionalidad porque bloquea de manera arbitraria la llegada de los fondos a las casas de estudio», explicaron autoridades académicas riojanas al analizar el conflicto legal.

Paritarias rotas y asfixia presupuestaria para 2027

La tensión en los claustros se agrava por el derrumbe del poder adquisitivo docente y nodocente. Las negociaciones salariales permanecen completamente paralizadas luego de que los funcionarios nacionales ofrecieran un incremento escalonado del 3% al 5%, frente a la exigencia sindical y del Consejo Interuniversitario de recuperar al menos el 30% del salario pulverizado por la inflación.

El horizonte financiero a mediano plazo exhibe un ajuste aún más severo. En el análisis del proyecto de Presupuesto 2027 remitido al Parlamento, los equipos técnicos de la UNLaR calcularon que los recursos asignados a las universidades nacionales representan una caída real del 26% respecto a las necesidades operativas mínimas. El torniquete alcanza de lleno a la investigación regional: las partidas destinadas al sistema científico, técnico y a organismos descentralizados como el INTI y el INTA registran una poda del 17%, consolidando un esquema de asfixia que golpea de lleno al interior productivo.

La marcha federal del 15 de octubre y el debate por las medidas de fuerza

Frente a la parálisis salarial y el incumplimiento judicial, la comunidad universitaria afina los detalles para la quinta Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo 15 de octubre. En La Rioja, la conducción de la UNLaR coordina acciones conjuntas con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y los gremios docentes para garantizar una demostración de fuerza masiva en las calles capitalinas.

Puertas adentro, la modalidad de la protesta desató debates entre mantener las aulas abiertas o paralizar la actividad. Las autoridades universitarias sostienen el criterio de visibilizar el reclamo con clases públicas y exposiciones comunitarias sin cortar el cursado, priorizando el calendario académico frente a los exámenes finales: «Buscamos una universidad abierta que demuestre su valor en el territorio y contenga a los estudiantes, pero que a la vez exponga que los sueldos docentes están en su piso histórico», señalaron desde la gestión universitaria.

Polémica por el nuevo reglamento estudiantil

En paralelo a la puja con Balcarce 50, la vida interna de la UNLaR atraviesa su propia discusión por el proyecto de reforma del reglamento estudiantil impulsado ante el Consejo Superior. Frente a cuestionamientos de agrupaciones estudiantiles opositoras que alertaron en redes sociales sobre presuntas cláusulas de disciplinamiento y control de conducta dentro y fuera de los predios universitarios, desde la conducción académica salieron a desactivar el malestar.

Fuentes del gobierno universitario aseguraron que el expediente se encuentra en análisis en la Comisión de Interpretación y Reglamento y busca actualizar normativas vigentes desde hace más de una década a los nuevos entornos pedagógicos y digitales. «No se busca coartar derechos sino fijar pautas de convivencia y respeto mutuo institucional, con participación de docentes y estudiantes en los departamentos», aclararon. Con el frente interno bajo discusión y la marcha del 15 de octubre en el horizonte inmediato, la universidad riojana se prepara para una nueva pulseada abierta contra el torniquete libertario.