Un informe televisivo en A24 destapó la creación de un aporte extraordinario del 25% para empresas y personas físicas de La Rioja. Advirtieron sobre la ilegalidad de su aplicación retroactiva y el traslado directo de los costos a los precios de góndola.

El esquema recaudatorio y fiscal de La Rioja volvió a quedar en el centro de las críticas de los medios porteños. Durante el programa que conduce Antonio Laje en la señal A24, se reveló la implementación de un nuevo «aporte extraordinario» sobre el Impuesto sobre los Ingresos Brutos dictado por la administración de Ricardo Quintela, una medida que grava al sector productivo para financiar asistencia alimentaria y que generó una dura condena por su impacto en la economía real.

El tributo alcanza a personas humanas y jurídicas cuya base imponible sea igual o superior a los 2.000 millones de pesos. La alícuota fijada es del 25% calculada sobre el impuesto determinado, lo que representa una doble imposición: un gravamen sobre otro gravamen que puede elevar el desembolso extra en hasta 15 millones de pesos adicionales por contribuyente.

El cálculo del tributo y la polémica por la retroactividad

En la mesa del noticiero desmenuzaron el mecanismo de cobro para graficar la distorsión que genera. Un contribuyente con una facturación de 1.999 millones de pesos queda exento, mientras que aquel que apenas supere el piso de los 2.000 millones enfrenta una carga que se dispara de inmediato. Tomando como base una alícuota promedio del 3% de Ingresos Brutos (equivalente a 60 millones de pesos), el nuevo esquema aplica el 25% sobre ese monto ya tributado.

El punto más cuestionado a nivel legal e institucional radica en los plazos de vigencia: la medida se conoció formalmente durante octubre, pero con exigencia retroactiva al mes de septiembre. En los estudios del canal remarcaron que este mecanismo vulnera garantías constitucionales básicas, dado que la legislación prohíbe de forma taxativa la aplicación retroactiva de cargas tributarias sorpresivas que desestabilizan las finanzas operativas de las empresas.

Críticas a la gestión provincial y traslado a precios

El análisis en pantalla trazó un paralelismo directo entre este gravamen y la emisión de los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos popularmente como «Chachos». Según plantearon los periodistas, ante la negativa de ajustar los gastos de la estructura pública o equilibrar las cuentas provinciales, la Casa de las Tejas recurre de manera recurrente a las mismas herramientas: la impresión de cuasimoneda o la presión impositiva sobre el sector privado productivo.

La advertencia de fondo no recae únicamente sobre las grandes firmas o los productores alcanzados por la base imponible. El sobrecosto fiscal terminará indefectiblemente trasladándose a la cadena de comercialización, encareciendo los bienes y servicios finales que pagan los propios riojanos en el mostrador.

El informe cerró con duras consideraciones políticas dirigidas a las aspiraciones de Quintela en la escena nacional, señalando la contradicción de castigar la inversión privada en un distrito asfixiado fiscalmente y dependiente de los giros de fondos.