La nueva circulación de los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos como Chachos, llegó a la pantalla nacional y generó fuertes cuestionamientos en Otra Mañana, el programa conducido por Antonio Laje en A24.
La Provincia comenzó a distribuir 50.000 Chachos entre aproximadamente 80.000 trabajadores estatales y personas vinculadas con la administración pública. La medida representa una inyección estimada en $4.000 millones.
Durante el programa calificaron la iniciativa como “una estafa del Gobierno de La Rioja para con la gente” y pusieron en duda que los bonos conserven en las operaciones comerciales la equivalencia nominal de un Chacho por un peso establecida por la Provincia.
El análisis advirtió que el valor efectivo dependerá de la aceptación de los comerciantes y de la capacidad del Estado riojano para rescatar los títulos. También comparó la medida con las cuasimonedas que circularon durante la crisis de 2001, como los Patacones y Lecop.
Los Chachos pueden utilizarse para cancelar impuestos provinciales, tasas municipales y servicios de empresas estatales. También son recibidos por los comercios adheridos, que pueden solicitar su rescate anticipado o conservarlos hasta el vencimiento previsto para el 29 de diciembre.
El ministro de Hacienda, Fabián Blanco, defendió la entrega al señalar que busca atender simultáneamente la situación de los trabajadores y la caída de la actividad comercial. Desde el programa de A24, en cambio, relacionaron la emisión con el desequilibrio de las cuentas públicas y la proyección nacional del gobernador Ricardo Quintela.
La transmisión incurrió, además, en una confusión al mencionar 80.000 comercios adheridos. Esa cifra corresponde al número aproximado de beneficiarios. En la experiencia anterior, el Gobierno había informado más de 1.000 establecimientos inscriptos para recibir y rescatar los bonos.
La controversia reedita la discusión iniciada en 2024, cuando La Rioja recurrió a esta cuasimoneda en medio de su disputa financiera con el gobierno de Javier Milei. Para la administración provincial representa una herramienta destinada a sostener los ingresos y el consumo; para sus críticos, es deuda pública entregada a los trabajadores con un valor comercial incierto.
