A través de un edicto oficial, la empresa estatal de gas fijó fecha para el 4 de noviembre con el objetivo de destrabar la infraestructura paralizada por el gobierno nacional. La pulseada con la Casa Rosada, el rescate financiero de la Provincia por más de $3.000 millones y el impacto directo en el polo agroindustrial del oeste.

La reactivación del Gasoducto Productivo en el tramo Chamical-Patquía-Chilecito dio un paso administrativo y societario determinante. A través de una convocatoria oficial a Asamblea General Extraordinaria, el directorio de la distribuidora estatal ELaRGAS S.A.P.E.M. formalizó el llamado a sus accionistas para el próximo 4 de noviembre con un objetivo central en el orden del día: la ratificación de la oferta presentada por la empresa contratista Hugo del Carmen Ojeda S.A. (HCO S.A.) para retomar y concluir los trabajos de distribución en el oeste provincial.

El edicto, firmado por el presidente de la entidad estatal, Alfredo Pedrali, fija la cita para las 9:00 en primera convocatoria y a las 10:00 en segunda, en la sede social de la compañía ubicada en calle Buenos Aires N° 264, segundo piso, en la Capital riojana. El temario incluye la designación de accionistas para firmar el acta, el análisis y ratificación de la propuesta económica de la constructora cuyana y el otorgamiento de autorizaciones legales para rubricar los acuerdos de obra.

La jugada corporativa traslada a los hechos el anuncio político realizado semanas atrás por el gobernador Ricardo Quintela, quien resolvió que la Provincia asuma con recursos propios la culminación de la traza para sortear el apagón de fondos impuesto por la administración central de Javier Milei.

El rescate de $3.500 millones frente al cerrojo nacional

La intervención de ELaRGAS apunta a destrabar un proyecto estratégico que quedó empantanado en las puertas del departamento Chilecito. Con los caños troncales enterrados a lo largo de casi 200 kilómetros tras su paso por Chamical y Patquía, la obra se frenó a finales del año pasado debido a la cesación de pagos de los certificados de obra por parte del Estado nacional a la contratista Hugo del Carmen Ojeda S.A.

La paralización de los trabajos derivó en un duro cruce político entre la Casa de las Tejas y los referentes locales de La Libertad Avanza. El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, había exigido que la provincia ceda formalmente la titularidad del gasoducto a la Nación bajo la promesa de que la Casa Rosada gestionaría su reactivación. El planteo fue rechazado de plano por el oficialismo provincial, que denunció un intento de apropiación política sin garantías reales de financiamiento.

Para eludir el bloqueo, la gestión de Quintela diseñó un esquema de financiamiento directo que demandará entre 3.000 y 3.500 millones de pesos, a ser abonados en cuotas a lo largo de cinco o seis meses. El desembolso provincial estará destinado a la construcción y montaje de las plantas de reducción de presión y distribución local emplazadas en Nonogasta, Vichigasta y la cabecera departamental de Chilecito. La maniobra se inscribe además en la reestructuración societaria previa que la empresa estatal inscribió ante la Inspección General de Justicia (IGJ), adecuando su capital para viabilizar acuerdos operativos con el sector privado.

Reducción del 70% en costos para la agroindustria del oeste

La llegada efectiva del gas natural representa una tabla de salvación para la alicaída matriz productiva de los valles chileciteños, asfixiada por los sucesivos aumentos en las tarifas eléctricas de bombeo y el encarecimiento de los fletes. En la actualidad, establecimientos agroindustriales de gran envergadura como la productora nogalera Coralino (perteneciente a la familia Yoma) y la conservera estatal Agroandina dependen del fuel oil para alimentar los hornos de secado y las calderas de procesamiento.

Con la habilitación de las redes de gas natural, esas industrias podrán abaratar hasta un 70% sus costos energéticos en materia de combustible, mejorando su margen de competitividad en un mercado interno recesivo y abriendo la puerta a la instalación de bocas de expendio de GNC en el corredor de la ruta 40.

La asamblea extraordinaria del 4 de noviembre marcará el punto de inflexión para una obra que lleva más de una década de marchas y contramarchas. Frente a un modelo nacional que congeló la infraestructura pública y desfinanció a las provincias, la conducción justicialista acelera los pasos societarios en ELaRGAS para capitalizar la finalización del gasoducto como una bandera de soberanía energética y desarrollo industrial antes de que se inicie el calendario electoral de 2027.