El gremio estatal denunció que el régimen diseñado por el Ministerio de Desregulación busca sumar 22.000 bajas a los 77.000 despidos acumulados en el país e impone un cepo de ocho años para reingresar al Estado. En territorio riojano dependencias como ANSES redujeron su dotación a menos de un tercio, mientras el sindicato asiste a trabajadores afectados por el maltrato laboral.

El plan de achicamiento de la administración pública nacional impulsado por el ministro Federico Sturzenegger activó una severa advertencia sindical en La Rioja. El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Alfredo Arana, denunció que el flamante régimen de retiros voluntarios constituye un mecanismo encubierto de expulsión que busca superar la barrera de las 100.000 bajas en el Estado federal, profundizando el desmantelamiento de los organismos descentralizados que prestan servicios esenciales en la provincia.

«El gobierno nacional ya acumula más de 77.000 cesantías entre despidos, no renovación de contratos y jubilaciones de oficio. Con este nuevo decreto apuntan a conseguir entre 20.000 y 22.000 retiros voluntarios adicionales en la administración centralizada, excluyendo únicamente a las fuerzas de seguridad y militares, que son las que necesitan para reprimir la protesta social», advirtió el dirigente gremial.

Las tres categorías del decreto y el cepo laboral de ocho años

Arana detalló la segmentación establecida por la normativa nacional para forzar la salida de los empleados públicos. El primer grupo abarca a mujeres de 58 años y varones de 63 sin los aportes jubilatorios completos, a quienes se les ofrece percibir el 60% de sus haberes durante un plazo de hasta 36 meses. El segundo escalafón alcanza a quienes cuentan con los años de aportes necesarios y están próximos a la edad jubilatoria, liquidándose un pago único de salida junto a un adicional equivalente a cinco sueldos.

Para el tercer segmento —integrado por agentes menores de 57 y 62 años respectivamente—, el Estado estipuló una indemnización abreviada de entre cuatro y cinco sueldos. La letra chica del decreto impone además un estricto condicionamiento: «Establecen un cepo de ocho años para volver a ingresar al Estado nacional. Antes la restricción era de cinco años; ahora extendieron la prohibición para condicionar la reconstrucción de las estructuras públicas en futuros períodos constitucionales», remarcó el titular de ATE.

La trampa de la antigüedad y el deterioro en la salud laboral

Desde la conducción sindical lanzaron un alerta urgente a los trabajadores riojanos para que no suscriban los acuerdos sin asesoramiento letrado previo. Arana denunció que el cálculo indemnizatorio contiene una trampa administrativa: el Gobierno nacional únicamente reconoce los años de servicio transcurridos en planta permanente, descartando décadas previas trabajadas bajo figuras precarias o contratos de locación.

«Hay compañeros que tienen quince o veinte años de trabajo en el Estado nacional, pero pasaron a planta permanente hace solo cinco años. Si firman el retiro, les liquidarán únicamente por esos últimos cinco años, perdiendo la mayor parte de su resarcimiento», alertó. El dirigente denunció además situaciones cotidianas de hostigamiento y quita de tareas que forzaron al sindicato a implementar un servicio de contención psicológica: «Vemos científicos y técnicos de campo poniendo dinero de su bolsillo para pagar la luz de las oficinas o cargando combustible a sus autos particulares para que las delegaciones sigan funcionando».

El impacto en La Rioja: dependencias al 30% y 300 bajas

El desguace de las oficinas nacionales en territorio riojano ya redujo sustancialmente la capacidad operativa de los servicios federales. Según las estimaciones de ATE, entre cesantías directas y retiros forzados, la provincia perdió cerca de 300 puestos de trabajo en el ámbito nacional, lo que representa una contracción de entre el 30% y el 40% de la planta estatal federal en el distrito.

El cuadro más elocuente se observa en los organismos de atención ciudadana y previsionales. «El caso de ANSES en La Rioja es contundente: de 100 empleados que atendían en toda la provincia hoy quedan apenas 30 agentes sobrecargados de tareas», graficó Arana. Con la puesta en marcha de este nuevo programa de desvinculaciones, el gremio advirtió que dependencias estratégicas del INTA, Trabajo y Capital Humano quedarán al borde de la inoperatividad total en suelo riojano.