Desde su llegada al poder, el presidente Javier Milei impulsó una fuerte reducción del sector público, alcanzando 33.291 puestos menos. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, detalló las bajas por área y adelantó un plan para implementar exámenes de idoneidad en el ingreso a la función pública, en medio de críticas de los gremios estatales.

El gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, ha reducido la planta de empleados estatales en 33.291 personas desde que asumió en diciembre, informó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Este recorte, que abarca tanto la administración centralizada como empresas estatales y fuerzas de seguridad, forma parte de una estrategia para equilibrar las cuentas fiscales, en sintonía con la política de Milei de reducir el gasto público y el tamaño del Estado.

Sturzenegger compartió en redes sociales un cuadro que muestra la evolución de las bajas mes a mes. De la cifra total, 20.026 corresponden a la administración pública, 2.251 a personal militar y de seguridad, y 11.014 a empresas del Estado. Los meses con mayores recortes fueron enero, con 7.607 bajas, y abril, con 7.000, producto de finalización de contratos, retiros voluntarios y jubilaciones.

Una de las primeras medidas tomadas por el gobierno fue la revisión de contratos realizados durante el mandato de Alberto Fernández, estableciendo renovaciones solo por tres meses. Esta decisión se tradujo en una segunda ola de recortes en abril y julio. En septiembre, la cantidad de bajas se moderó, aunque el recorte sigue en marcha.

Además de reducir ministerios a solo ocho, el gobierno eliminó instituciones como el INADI, el INAI, y el Instituto Nacional de Juventudes, junto con recortes en organismos de investigación y cultura como el CONICET, el INCAA y la ANMAT, entre otros. Estos ajustes, sumados a la reciente implementación de un examen de idoneidad para acceder a la función pública, han generado rechazo por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otros gremios, quienes han realizado protestas en contra de estas políticas.

En defensa de la medida, Sturzenegger explicó que buscan construir una «carrera administrativa profesional» similar a los sistemas de servicio civil en otros países, en la que se priorice la idoneidad sobre las conexiones políticas. Este cambio estructural es parte de la reforma integral que el gobierno planea implementar para «lograr una administración pública eficiente y profesional».

La decisión de reducir los empleos en el Estado y endurecer los requisitos de ingreso enfrenta críticas y resistencia, en especial de los gremios estatales, que ven en estas políticas un ajuste que afectará a miles de trabajadores y que, en algunos casos, consideran que debilita la capacidad de gestión estatal en áreas clave como derechos humanos, ciencia y tecnología.