El comisario René Molina confirmó que dejó su cargo a consideración de Ricardo Quintela ante la inminente asunción de Martín Yoma en reemplazo de Miguel Ángel Zárate. En pleno proceso de recambio, el titular de la fuerza defendió el traspaso de los 200 procesados penales de la Alcaidía al Servicio Penitenciario y detalló el despliegue coordinado con Córdoba para custodiar las rutas por la visita del Papa.

La inminente asunción de una nueva conducción en el Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos activó los protocolos de reacomodamiento en la cúpula de las fuerzas de seguridad de La Rioja. Con el pliego de Miguel Ángel Zárate ya aprobado por la Cámara de Diputados para asumir por una década como Fiscal General, el actual jefe de la Policía de la Provincia, comisario general René Molina, confirmó que puso su renuncia a disposición del Poder Ejecutivo.

Molina aclaró que se trata de un paso institucional natural ante la llegada de un nuevo titular de la cartera ministerial, lugar para el cual se perfila el abogado Martín Yoma. «El ministro que asume tiene la facultad de conformar su propio equipo de trabajo. No tenemos ningún inconveniente: el cargo está a disposición del gobernador Ricardo Quintela. Si consideran que debemos continuar lo haremos con el mismo compromiso, y si definen un recambio, facilitaremos la transición como corresponde», remarcó el jefe policial.

El balance del ciclo Zárate y el recambio en la cúpula

Molina cumplió seis meses al frente de la Jefatura policial tras desempeñarse previamente como subjefe, período en el cual coordinó la operatividad diaria con Zárate, quien permaneció más de cinco años al mando del ministerio. En sus declaraciones, el comisario destacó el nivel de equipamiento, la articulación de criterios y el posicionamiento de la provincia en los índices federales de prevención del delito como los principales activos de la gestión saliente.

El recambio ministerial abre un compás de espera sobre la conformación del Estado Mayor policial. Dentro de la institución uniformada se reconoce que la impronta de Yoma podría incluir modificaciones en direcciones operativas estratégicas, aunque la prioridad del Ejecutivo es garantizar una continuidad sin sobresaltos en los planes de patrullaje preventivo urbano y rural.

El jefe de Policía buscó transmitir serenidad hacia el cuadro de oficiales y suboficiales, asegurando que las decisiones políticas que adopte la Gobernación no alterarán el funcionamiento de las comisarías ni los servicios especiales desplegados en el territorio provincial.

La Alcaidía penal: traspaso de 200 reclusos al Servicio Penitenciario

En paralelo a la transición política, Molina defendió la reestructuración operativa de la Alcaidía policial, un cambio largamente reclamado que busca transferir la guarda de los detenidos con causas penales al Servicio Penitenciario Provincial (SPP). El jefe de la fuerza negó de plano que la medida implique un conflicto de competencias o una pérdida de espacio institucional.

La iniciativa, impulsada originariamente desde la Subjefatura, se apoya en el egreso reciente de 270 efectivos de seguridad, de los cuales medio centenar fue asignado de manera específica al cuerpo penitenciario. Ese refuerzo de personal permitirá que el SPP asuma el control de los casi 200 procesados que permanecen alojados a la espera de juicio o condena firme.

«No es una invasión ni se pierde terreno; somos todos parte del mismo sistema bajo la Ley de Seguridad Pública. El Servicio Penitenciario custodiará a los procesados penales, mientras que la Policía conservará el ala de contraventores por faltas al Código de Convivencia. El personal policial que cuidaba presos comunes será reasignado a tareas de prevención en la calle y al área de Asuntos Juveniles», puntualizó Molina, anticipando que el decreto reglamentario se encuentra en su fase administrativa final.

El cerrojo interprovincial en Serrezuela por la misa del Papa

Molina también brindó pormenores del megaoperativo interprovincial acordado con la Policía de Córdoba por la visita del papa Francisco. Tras participar en una mesa de seguridad regional encabezada por el jefe cordobés Marcelo Marín, se resolvió que La Rioja integrará el tercer anillo de seguridad, con controles severos y unificados sobre el puesto limítrofe de las Salinas y la localidad de Serrezuela, a lo largo de la Ruta Nacional 38.

Investigaciones e Inteligencia de la Policía riojana relevaron que ya hay más de 1.600 feligreses con pasajes contratados a través de agencias de turismo para asistir a la misa en el predio de FADEA, número que se multiplicará con el desplazamiento de caravanas particulares y contingentes coordinados por las parroquias y el Obispado diocesano.

El comisario advirtió que no se permitirá el paso hacia Córdoba de colectivos o combis que no cuenten con la habilitación definitiva de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Asimismo, recordó que el predio de FADEA cerrará sus accesos indefectiblemente a las 7 de la mañana del día del oficio religioso, y remarcó la prohibición absoluta de ingresar con drones, cámaras fotográficas profesionales, paraguas o mascotas.

Reconocimiento a las madres y clima interno

Por último, el titular de la fuerza se refirió a la disposición adoptada el último domingo que otorgó franco extraordinario a todas las mujeres policías que son madres, medida que generó adhesiones y algunas objeciones en redes sociales.

«Las decisiones se toman y nos hacemos cargo. Las mujeres policías cumplen una doble labor impecable, tanto en el servicio diario a la par de cualquier efectivo como en la contención de sus hogares, y era un reconocimiento merecido», argumentó el funcionario.

Con la renuncia presentada y a la espera de las definiciones de Quintela sobre la asunción de Martín Yoma, Molina dejó en claro que la institución policial se encuentra abocada a cerrar los compromisos operativos inmediatos, sosteniendo el orden interno y la articulación con los poderes del Estado.