El ministro de Hacienda de la Provincia advirtió que no es optimista respecto a otorgar una recomposición antes de fin de año y supeditó cualquier decisión a la coparticipación federal. Desmintió que la cuasimoneda vaya a incorporarse automáticamente al sueldo básico tras su rescate en diciembre y estimó en $2,2 billones la deuda que la Nación mantiene con La Rioja.

Las expectativas de los empleados públicos riojanos de recibir una mejora en sus haberes antes del cierre del año chocaron contra la cruda realidad de las cuentas provinciales. El ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Fabián Blanco, trazó un panorama sombrío sobre la disponibilidad presupuestaria y desalentó cualquier anuncio inminente de incremento salarial, reconociendo además que no está garantizado que el monto actualmente abonado en Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE o Chachos) se integre formalmente al recibo de sueldo.

«Sería poco responsable hablar de un nuevo aumento salarial. Va a depender de la evolución de la coparticipación federal, pero no creo que podamos dar un aumento; no soy optimista. Si los recursos coparticipables continúan en los niveles actuales, no hay margen», sentenció el titular del Palacio de Hacienda provincial, marcando un fuerte contraste con las promesas de recomposición que circulaban en los pasillos gubernamentales.

«No creo que podamos dar un aumento»: el límite de la Tesorería

Blanco explicó que la administración de Ricardo Quintela viene evaluando las variables fiscales día a día y remarcó que el último incremento otorgado al escalafón general fue calculado para amortiguar la pérdida de ingresos hasta diciembre, sin previsiones de nuevas subas para el último trimestre.

La desaceleración en la recaudación nacional —provocada por la recesión del consumo y el cierre generalizado de comercios e industrias en todo el país— impactó de lleno en los giros automáticos por coparticipación que recibe La Rioja, asfixiando la principal fuente de financiamiento del erario local.

«Nosotros logramos atravesar los meses más complejos administrando con prudencia los recursos disponibles, pero si la coparticipación sigue planchada no existe posibilidad material de otorgar una nueva suba a los trabajadores estatales», insistió el ministro, clausurando las demandas que venían impulsando los gremios docentes y de la salud.

El futuro del Chacho: rescate en diciembre y la opción de un simple bono

El funcionario provincial aportó precisiones sobre el vencimiento del circuito de los Chachos, cuyo último rescate administrativo ante el Banco Rioja está programado para diciembre. Sin embargo, desestimó la versión que aseguraba que su equivalente monetario sería incorporado directamente como suma fija al salario en blanco.

Blanco reconoció que la Provincia analiza alternativas precarias para no comprometer el gasto corriente: «Es una posibilidad pasar ese monto a pesos, pero puede implementarse bajo la modalidad de un bono extraordinario. No hay ninguna definición tomada de que vaya a incorporarse formalmente al salario de los trabajadores; son decisiones que estarán estrictamente atadas a los ingresos que tengamos».

Esta indefinición genera preocupación en la masa de agentes estatales, dado que la conversión en un bono no remunerativo perpetuaría la distorsión del esquema salarial riojano, donde cerca del 40% de los haberes se percibe a través de conceptos en negro mediante «la quincenita», sin impacto en el aguinaldo ni en los aportes jubilatorios.

El reclamo de $2,2 billones por el punto de coparticipación perdido

Para justificar las estrecheces de la caja provincial, Blanco apuntó contra el corte total de transferencias no automáticas dispuesto por el gobierno de Javier Milei y cuantificó la deuda acumulada por la retención del punto de coparticipación cedido por La Rioja en 1988.

«Hoy la deuda que mantiene la Nación con La Rioja asciende a 2,2 billones de pesos, lo que representa un promedio de 72.000 millones de pesos mensuales retenidos. Esos fondos se los deben a los riojanos, no al gobierno de turno», enfatizó el titular de Hacienda, reclamando que el Congreso nacional revise los criterios de distribución secundaria en el debate del Presupuesto 2027.

El ministro señaló que existe coincidencia entre varios gobernadores del norte para rediscutir una matriz de reparto más equitativa, advirtiendo que la parálisis de la actividad económica golpea de manera simétrica a las provincias que carecen de base tributaria propia para sostener sus servicios esenciales.

Impacto en los bolsillos y contraste con la propaganda oficial

Las definiciones de Blanco desnudaron la fragilidad del relato oficial que en los últimos días intentó mostrar a La Rioja como una isla de bienestar frente a la motosierra libertaria, escenificado en la viralización de pasacalles comerciales que celebraban un alza circunstancial en ventas de bebidas por el uso del bono.

La realidad que describen las planillas oficiales ratifica las advertencias sobre el endeudamiento de las familias riojanas, expuestas en el Congreso por el diputado Sergio Casas al alertar sobre un récord nacional del 21% de morosidad bancaria debido a sueldos públicos que no alcanzan a cubrir la canasta básica.

Con un escenario de ingresos estancado, la advertencia de Hacienda deja a los trabajadores estatales frente a un fin de año sin recomposición en puerta y con la incertidumbre de si el retiro de los Chachos se traducirá en una mejora real o en un nuevo parche temporal para disimular la pérdida de poder adquisitivo.