El ministro de Seguridad ultimar los detalles de su traspaso para jurar por una década al frente del Ministerio Público Fiscal. Anticipó una profunda reestructuración orgánica y funcional bajo el nuevo sistema acusatorio y adversarial, con foco en la reparación del daño a las víctimas, la resolución alternativa de conflictos y la conducción estratégica de las investigaciones judiciales.

El diseño institucional del Poder Judicial riojano comenzará una nueva etapa en los primeros días del próximo mes. Tras haber obtenido el acuerdo de la Cámara de Diputados para desempeñarse como Fiscal General de la Provincia por los próximos diez años, el actual ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Ángel Zárate, confirmó que asumirá formalmente su nuevo cargo a principios de noviembre, una vez que presente su balance de gestión final ante el gobernador Ricardo Quintela.

El funcionario anticipó que su desembarco marcará el inicio de un proceso de modernización integral en el organismo acusador. «El Ministerio Público Fiscal necesita una transformación profunda, orgánica, estructural y funcional que tiene directa relación con el nuevo rol que asumirá a partir de la implementación plena del sistema acusatorio. Ya estamos trabajando con nuestro equipo técnico en ese plan estratégico que daremos a conocer formalmente apenas iniciemos la gestión», remarcó.

El nuevo rol procesal: los fiscales al mando de la investigación penal

El eje vertebral del programa anunciado por Zárate radica en la transición definitiva hacia el modelo acusatorio y adversarial, dejando atrás el esquema inquisitivo tradicional. Con la reforma procesal en marcha, los jueces penales se concentrarán exclusivamente en las garantías y el juzgamiento, mientras que los fiscales asumirán la dirección plena de la investigación preparatoria, la recolección probatoria y el sostenimiento de la acusación en juicio oral.

«El Ministerio Público Fiscal será quien dirija la política de persecución criminal en toda la provincia. Eso exige diseñar, por primera vez en la historia de La Rioja, un plan sistemático de persecución penal que fije prioridades claras de intervención frente a la delincuencia», explicó el designado Fiscal General.

El funcionario señaló que la ausencia histórica de un plan rector generó dispersión operativa en los tribunales, un déficit que buscará subsanar mediante directivas generales de actuación y criterios homogéneos para todas las circunscripciones judiciales de la provincia.

Fiscalías especializadas y la centralidad de la víctima

Uno de los anuncios más relevantes de la futura gestión fiscal será la reconfiguración interna del cuerpo de investigadores a través de la creación de fiscalías temáticas y especializadas. La iniciativa busca dotar de mayor eficacia al esclarecimiento de delitos de alta complejidad, tales como el cibercrimen, el narcotráfico y la violencia de género.

«Estamos pensando en una transformación integral de la investigación penal que incluirá la propuesta de nuevas fiscalías especializadas y una conducción estratégica para optimizar los recursos humanos y técnicos», detalló Zárate, vinculando el rediseño con los lineamientos de la justicia restaurativa.

En ese sentido, el nuevo jefe de los fiscales subrayó que el sistema debe orientarse hacia la tutela efectiva del damnificado: «La persecución debe tener a la víctima en el centro de la escena, priorizando su protección y asegurando que la respuesta penal no se limite al castigo formal, sino que ofrezca mecanismos de reparación concreta frente a las consecuencias del delito y vías de resolución alternativa para descomprimir los tribunales».

La transición en Seguridad y el reordenamiento del gabinete

La inminente juramentación de Zárate acelera el recambio en la cúpula del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, cartera que condujo durante más de cinco años. En ese lapso, el funcionario piloteó la inversión en videovigilancia urbana, la profesionalización policial y el esquema salarial de las fuerzas, dejando allanado el camino para la asunción del abogado Martín Yoma al frente del área.

El corrimiento ministerial ya impactó en la estructura operativa de la fuerza provincial: el jefe de Policía, comisario René Molina, puso su renuncia a disposición del Ejecutivo como paso protocolar ante el recambio de autoridades, mientras se ultima el decreto para traspasar la custodia de los 200 detenidos penales de la Alcaidía al Servicio Penitenciario Provincial.

Con la mira puesta en su jura de noviembre, Zárate prepara el informe de rendición de cuentas que elevará a la Gobernación, marcando el cierre de su ciclo ministerial para asumir el mando de una de las cabezas del Poder Judicial en un período bisagra para la administración de justicia en La Rioja.