En su última entrevista antes de asumir formalmente la jefatura de los fiscales, el ministro saliente adelantó que romperá el secretismo judicial y fijará una política penal de largo plazo adaptada al sistema acusatorio. Respaldó su designación exhibiendo inversiones por 8.000 millones de pesos, la baja en delitos contra la propiedad y el reordenamiento salarial de la Policía.
La transición en la cúpula de la persecución penal riojana sumó una definición estratégica de alto alcance institucional. En su despedida del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos tras la aprobación de su pliego en la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Zárate anunció que asumirá como Fiscal General de la provincia con un plan de gestión y persecución criminal diseñado para los próximos diez años, marcando una ruptura con la reserva de las conducciones judiciales previas.
«El Ministerio Público Fiscal tiene la obligación de hablar con la sociedad y comunicar cómo se van a perseguir los delitos. Mi perfil va a ser muy diferente al de los fiscales generales anteriores, que prácticamente no hablaban con los medios ni con los ciudadanos. Ya tenemos diseñado y avanzado un plan de persecución penal para los próximos diez años que en pocos días pondremos en conocimiento de toda la comunidad para garantizar una justicia penal rápida, eficiente y desburocratizada», reveló Zárate.
La política criminal a diez años y el nuevo sistema acusatorio
El anuncio de un programa decenal busca responder a la demanda ciudadana de mayor celeridad en la resolución de causas complejas. Zárate explicó que el Ministerio Público Fiscal asumirá un rol preponderante a partir de la implementación efectiva del sistema procesal penal acusatorio en las cinco circunscripciones de la provincia, esquema donde los fiscales pasan a conducir las investigaciones y a fijar las prioridades en la persecución del delito.
Para el futuro jefe de los fiscales, la legitimidad del sistema judicial requiere transparentar los criterios de imputación y archivo. «La gente necesita una justicia más rápida y eficiente frente a las burocracias tradicionales. Cuando se consulta a la sociedad sobre las instituciones, la Justicia penal es una de las áreas donde se exigen transformaciones profundas. El fiscal general representa a los ciudadanos y el organismo debe dar la cara sobre cómo administra la política criminal», puntualizó.
El balance en Seguridad: 8.000 millones de pesos y letalidad casi nula
Como plataforma para fundamentar su pase a los tribunales, el ministro saliente exhibió los indicadores consolidados de sus casi cinco años al frente de la cartera de Seguridad, destacando que La Rioja se ubica por debajo de la media nacional en todos los registros del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC). Precisó que su administración ejecutó una inversión superior a los 8.000 millones de pesos en tecnología y videovigilancia, incorporó 1.200 efectivos a la fuerza y profesionalizó los cuadros de mando formando un 80% más de oficiales superiores.
«Hemos incrementado en un 88% las intervenciones contra el narcomenudeo y aumentamos en un 75% los controles de seguridad vial. Desde el año 2021 a la fecha no se registran en la provincia robos con violencia armada y la letalidad criminal es prácticamente nula. Además, en las últimas mediciones solo el 14% de los encuestados manifestó haber sido víctima de un delito en el último año, logrando que 2025 cerrara con la tasa de delitos contra la propiedad más baja del último lustro», argumentó Zárate.
Masa salarial policial: de 245 a 7.500 millones de pesos
En el plano administrativo y gremial, el ministro saliente remarcó la pacificación interna de las fuerzas de seguridad como uno de los logros centrales de su gestión junto al gobernador Ricardo Quintela, evitando los reclamos salariales que paralizaban la Plaza 25 de Mayo en administraciones anteriores.
«Al inicio de la gestión liquidábamos una masa salarial policial de 245 millones de pesos, mientras que hoy estamos liquidando más de 7.500 millones mensuales. Creamos una nueva escala jerárquica que benefició al personal activo y regularizó los haberes del sector de retirados», detalló Zárate. Con la sanción de la primera Ley de Seguridad Pública de la provincia como principal legado normativo, el funcionario completará en los próximos días el traspaso del ministerio —donde suena con fuerza el nombre del subsecretario Martín Yoma— para formalizar su juramento en los tribunales y poner en marcha su plan criminal decenal.
