El dirigente justicialista y exconcejal capitalino sacudió la modorra del oficialismo al exponer el aislamiento de una dirigencia que dejó de caminar los barrios. Reveló el drama de las familias que hacen empanadas los fines de semana para comprar remedios oncológicos o cubrir derivaciones médicas porque los ministros no atienden el teléfono. Además, cruzó a los libertarios que hacen “política de café” y coincidió con el diagnóstico sobre el vaciamiento de los movimientos sociales rentados.

En medio de las disputas de palacio por las candidaturas de 2027 y el desplome de los índices de gestión municipal en las encuestas nacionales, el dirigente peronista y exconcejal capitalino Diego Narváez pateó el tablero con una descarnada autocrítica hacia adentro del Partido Justicialista. Lejos de los discursos de ocasión, el referente territorial puso en palabras lo que la militancia de base murmura en cada unidad básica de la ciudad: la dirigencia oficialista cortó los puentes con el vecino de a pie.

“El peronismo ha entrado en un divorcio con la sociedad”, sentenció Narváez al describir la parálisis de una estructura partidaria que se acostumbró a la comodidad de los despachos refrigerados mientras en la periferia de la Capital se multiplica el malestar social. Para el dirigente, la pérdida de sensibilidad frente a las urgencias cotidianas amenaza con pasarle una factura letal al oficialismo en el principal distrito electoral de la provincia, donde el intendente Armando Molina acumula un 66,3% de imagen negativa según el último relevamiento de CB Consultora.

Funcionarios de vidrios polarizados y el drama de las peñas solidarias

El tramo más incisivo del diagnóstico de Narváez apuntó directamente al comportamiento de las segundas y terceras líneas del gabinete provincial y municipal. Según expuso, el ciudadano común hoy se ve obligado a perseguir personalmente al gobernador Ricardo Quintela en los actos oficiales o en la puerta de la Residencia porque los funcionarios con rango ministerial cerraron sus oficinas y bloquearon el contacto directo.

“La gente trata de llegar al gobernador porque los funcionarios suben los vidrios polarizados de las camionetas y no atienden a nadie”, disparó el exedil. Esa barrera burocrática tiene consecuencias dramáticas en la vida diaria de los barrios riojanos, donde el recorte de programas nacionales como el Remediar o las trabas en las prestaciones de Incluir Salud dejaron a miles de pacientes sin cobertura.

Narváez retrató esa desprotección con una postal que se repite todos los viernes y sábados en las esquinas de la ciudad: familias enteras organizando ventas de empanadas, pollos o rifas solidarias para poder costear medicamentos oncológicos, estudios de alta complejidad o pasajes para derivaciones médicas hacia Córdoba y Buenos Aires que el Estado ya no resuelve en tiempo y forma.

El espejismo de la calle rentada y el cruce con la “política de café”

El llamado de atención de Narváez encontró eco inmediato en las bases gremiales y barriales. En la misma sintonía, el referente social Mauricio “Chuchu” Rodríguez reconoció públicamente el motivo por el cual el peronismo riojano perdió el control y la mística de la movilización popular frente al ajuste nacional: la militancia callejera se apagó porque durante años funcionó bajo una lógica estrictamente rentada. Cuando se agotaron los recursos de las cajas estatales y los planes de contención, las organizaciones dejaron de traccionar por convicción.

Sin embargo, Narváez dejó en claro que el desencanto con la gestión local no le otorga un cheque en blanco a los dirigentes de La Libertad Avanza que intentan capitalizar la crisis desde las redes sociales o las mesas del microcentro. En ese marco, le dedicó un dardo directo al diputado provincial libertario Gino Visconti, a quien acusó de practicar una “política de café” desconectada de las necesidades reales de los sectores vulnerables que nunca pisaron los locales partidarios del centro.

Para Narváez, si el justicialismo pretende evitar una derrota histórica en las urnas de 2027 frente al avance opositor, el primer paso no pasa por definir si habrá Ley de Lemas o internas abiertas, sino por obligar a los funcionarios a bajar las ventanillas, apagar los teléfonos corporativos y volver a dar la cara en el barro de los barrios.