La Policía aseguró que rige la orden de despejar limpiavidrios y «trapitos» de todas las esquinas de la Capital, aunque la postal callejera la desmiente a diario
El comisario Ariel Rojas afirmó que todas las dependencias tienen directiva de retirar preventivamente a quienes piden dinero en los semáforos o cobran estacionamiento ilegal en eventos, con arrestos contravencionales de hasta 24 horas si hay disturbios. También cayó una pareja en el barrio Agrario por robar cables de Telecom para vender el cobre, en otro síntoma del deterioro social.

El comisario Ariel Rojas afirmó que todas las dependencias tienen directiva de retirar preventivamente a quienes piden dinero en los semáforos o cobran estacionamiento ilegal en eventos, con arrestos contravencionales de hasta 24 horas si hay disturbios. También cayó una pareja en el barrio Agrario por robar cables de Telecom para vender el cobre, en otro síntoma del deterioro social.
Una definición operativa salida desde las filas policiales dejó al descubierto la distancia entre los protocolos escritos en los despachos de Jefatura y lo que cualquier conductor riojano experimenta cada vez que frena en un semáforo en rojo. En diálogo con Radio Fénix, el comisario Ariel Rojas aseguró este martes que todas las comisarías de la Capital cuentan con la directiva expresa de «despejar» de forma preventiva tanto a los limpiavidrios apostados en las esquinas como a los cuidacoches informales («trapitos») que exigen pagos por estacionar en la vía pública durante espectáculos y eventos masivos.
Según precisó el jefe policial, la orden interna no requiere aguardar un llamado previo de los automovilistas al 911, sino que instruye a los patrulleros en recorrido preventivo a invitar a retirarse directamente a quienes ocupan las arterias para evitar alteraciones en el tránsito o situaciones de apriete. En aquellos casos donde se registran agresiones verbales, desórdenes o personas fuera de sí bajo el efecto de sustancias, el procedimiento habilita el traslado a la dependencia jurisdiccional bajo una causa contravencional que contempla un máximo de 24 horas de arresto, dando intervención al área de Toxicomanía —y a la Justicia Federal, tras la reciente devolución de competencias en narcomenudeo— únicamente si en la requisa se secuestran estupefacientes.
Una directiva que choca con los semáforos y el vacío de contención
La revelación oficial generó sorpresa inmediata incluso en la propia mesa periodística, frente a la evidencia cotidiana de decenas de cruces de avenidas —desde Perón y Rivadavia hasta Ortiz de Ocampo, Facundo Quiroga o Ramírez de Velasco— ocupados de mañana, tarde y noche a pocos metros del paso habitual de los móviles policiales. De hecho, en esas mismas esquinas la Subsecretaría de Seguridad Vial viene desplegando inspectores con megáfonos sin que se altere la fisonomía informal de los semáforos.
El cortocircuito operativo expone uno de los grises más incómodos que heredan en simultáneo el flamante ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Martín Yoma, y la administración municipal de Armando Molina, hoy hundida en los sondeos de gestión urbana. Como admitió el propio comisario Rojas, la fuerza policial carece de facultades de contención social o sanitaria para abordar el trasfondo de adicciones y marginalidad: aun cuando un móvil aplique el código contravencional ante un episodio violento, a las pocas horas la misma persona recupera la calle y regresa a la esquina ante la ausencia de dispositivos municipales o de Desarrollo Social que absorban la emergencia.
Cobre por gramos de droga en la Ruta 5
El segundo parte policial de la mañana en la misma jurisdicción terminó de completar el cuadro de delito de subsistencia y consumo problemático que crece en los márgenes de la Capital. Junto al oficial principal Samuel Torres, Rojas confirmó la detención de un hombre y una mujer mayores de edad tras un allanamiento en una vivienda del barrio Agrario, sobre el corredor de la Ruta Provincial 5, acusados de sustraer entre 20 y 30 metros del tendido aéreo perteneciente a la empresa Telecom.
A partir de las cámaras de seguridad aportadas por el representante de la firma telefónica, los investigadores identificaron a la pareja que se movilizaba en motocicleta para cortar el cableado y reducir el cobre en el mercado negro. Al irrumpir en el domicilio —cuando parte del botín ya había sido comercializado—, los efectivos secuestraron el resto del rollo sustraído, el rodado, la ropa captada en los videos y también dosis de cocaína, marihuana y dos plantas de cannabis.
En la provincia con los ingresos familiares más bajos del país según el INDEC y casi una de cada cinco empresas privadas cerradas desde fines de 2023, la calle capitalina multiplica las postales de fricción urbana. Entre semáforos convertidos en refugio de supervivencia o extorsión hormiga y tendidos públicos desguazados por unos pesos de cobre, las directivas de «despeje» policial corren detrás de una crisis social que ninguna comisaría alcanza a barrer debajo de la alfombra.
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