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Caso Trini: la querella denunció irregularidades en la entrega de los fundamentos y apuntó contra la absolución por atentado a la autoridad

El abogado de la familia de Trinidad Ruarte, Sergio Gómez, cuestionó que el tribunal aún no haya entregado los argumentos escritos del fallo tras la renuncia de uno de sus jueces, lo que recorta los plazos para apelar en Casación. Advirtió que eximir al médico Federico Luna del delito de atentado a la autoridad evitó que la pena de tres años fuera de cumplimiento efectivo.

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Abogado Sergio Gómez frente al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja

El abogado de la familia de Trinidad Ruarte, Sergio Gómez, cuestionó que el tribunal aún no haya entregado los argumentos escritos del fallo tras la renuncia de uno de sus jueces, lo que recorta los plazos para apelar en Casación. Advirtió que eximir al médico Federico Luna del delito de atentado a la autoridad evitó que la pena de tres años fuera de cumplimiento efectivo.

La controversia judicial en torno al fallo por la muerte de Trinidad «Trini» Ruarte sumó un nuevo foco de tensión institucional en los tribunales de La Rioja. El abogado querellante, Sergio Gómez, denunció que el tribunal aún no entregó los fundamentos escritos de la sentencia dictada el pasado miércoles 11, pese a que uno de los magistrados intervinientes, el doctor Pérez Mota, había presentado su renuncia semanas antes, según señaló el letrado.

En declaraciones televisivas, el letrado advirtió que la demora en la notificación afecta directamente el derecho recursivo de la familia, ya que, según su planteo, los plazos procesales para presentar el recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) comenzaron a correr desde la lectura del veredicto. «Ya tengo tres días menos para trabajar», señaló Gómez, quien contrapuso esa dilación con la celeridad con la que los jueces —Sara López Douglas y Edith Agüero— autorizaron a Federico Luna a viajar a San Juan por motivos laborales apenas horas después de la condena.

La llave de la prisión efectiva: el forcejeo y la fuga

Más allá de la discusión por los plazos, el representante de la querella centró su crítica en la decisión del tribunal de absolver a Luna por el segundo tramo de la imputación: el atentado a la autoridad tras el impacto ocurrido el 18 de junio de 2023 a la salida de un local bailable. Según explicó Gómez, la pena de tres años en suspenso por el homicidio culposo permitió que el acusado evitara el penal, pero sumar siquiera el mínimo de seis meses por el delito contra el personal policial hubiera vuelto la condena de cumplimiento efectivo.

El abogado sostuvo que durante el debate quedó acreditado mediante el testimonio del efectivo Moyano y de nueve testigos presenciales que el médico forcejeó con el uniforme policial, derribó al agente y escapó a alta velocidad arrastrándolo y pisándole un pie, para luego esconder el vehículo sin batería en la casa de un familiar. «A diferencia de otros casos recientes con penas efectivas en el penal, aquí se juzgó prestigio y profesión», deslizó el querellante, recordando que la fiscalía había solicitado siete años de prisión y que durante el proceso Luna registró una alcoholemia positiva en un control posterior al siniestro y ausencias injustificadas a las audiencias.

La querella aclaró que no pudo demostrar que Luna condujera alcoholizado al momento del hecho: las pruebas realizadas varias horas después dieron resultado negativo. La alcoholemia positiva citada como conducta posterior corresponde a otro episodio y no al examen efectuado tras el choque.

Pericias mecánicas y el planteo de la autopsia

Gómez también cuestionó los argumentos técnicos esgrimidos por la defensa del condenado durante el juicio. Respecto al reclamo por la supuesta negativa a realizar una autopsia para determinar si la joven falleció por cuadros previos vinculados al COVID-19, el letrado sostuvo que la defensa solicitó la medida ocho meses después del hecho y que se trataba de una exhumación, que consideró improcedente ante la existencia de una historia clínica completa y los testimonios de los médicos del Hospital Enrique Vera Barros, quienes, según su relato, confirmaron el traumatismo de cráneo grave como causa directa del deceso.

En cuanto a la dinámica vial, el querellante invocó el artículo 51 de la Ley Nacional de Tránsito y sostuvo que correspondía reducir la velocidad a 20 kilómetros por hora en las condiciones de afluencia de personas que describió a las 5:20 de la mañana, con cientos de jóvenes saliendo de locales nocturnos. Cuestionó además la pericia de parte que estimaba una circulación a 30 kilómetros por hora, señalando que el vehículo necesitó más de 100 metros para detenerse y que el impacto destruyó el parabrisas y el techo del rodado.

Con el reloj procesal en contra para acudir ante el Tribunal Superior de Justicia, la querella intenta revertir en instancia de Casación un fallo que dejó expuesta, según su planteo, la disparidad de criterios en los tribunales riojanos a la hora de sancionar los siniestros viales graves con fuga.

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