Bordagaray impulsa una emergencia climática por 180 días y un plan contra aluviones e inundaciones en La Rioja
El proyecto del diputado provincial propone dar al Ejecutivo 60 días para implementar un plan de contingencia con los municipios. Reclama limpieza de cauces, controles en rutas y protección de escuelas y hospitales ante las lluvias estivales.

El diputado provincial Ismael Bordagaray presentó en la Legislatura de La Rioja un proyecto de ley —expediente N° 1035— para declarar el estado de emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático durante 180 días corridos en todo el territorio provincial. La iniciativa propone que el Ejecutivo elabore e implemente en 60 días un plan de contingencia articulado con los municipios.
El texto vincula la necesidad de prevención con la temporada estival y con los riesgos asociados al fenómeno El Niño–Oscilación del Sur (ENOS). Ese es el fundamento de la propuesta legislativa, que apunta a preparar infraestructura y sistemas de respuesta frente a tormentas, crecidas y aluviones.
“La exposición de las poblaciones a fenómenos meteorológicos extremos exige superar enfoques exclusivamente reactivos y avanzar hacia políticas públicas orientadas a la prevención, planificación y reducción de riesgos”, sostiene el proyecto.
Los fundamentos advierten que las áreas montañosas, las quebradas y los cauces temporarios de la geografía riojana exponen a numerosas localidades a “crecidas repentinas, aluviones, inundaciones y afectaciones de la infraestructura vial y de los servicios esenciales”.
Un plan en 60 días y limpieza de cauces
Si la iniciativa se convierte en ley, la Función Ejecutiva deberá elaborar e implementar un Plan Provincial de Contingencia Hidrometeorológica dentro de los 60 días corridos previstos a partir de su promulgación, en coordinación con las administraciones municipales.
Entre las acciones prioritarias figuran “la limpieza, el mantenimiento y el acondicionamiento de cauces, canales y sistemas de drenaje”, junto con el relevamiento de ríos, quebradas y alcantarillas.
El proyecto también incluye “la inspección preventiva de puentes, caminos, rutas provinciales y obras hidráulicas”, además de medidas de resguardo para escuelas, hospitales y servicios esenciales.
Otro eje es fortalecer los sistemas de alerta temprana y establecer protocolos para “comunidades rurales y localidades que presenten dificultades de conectividad, comunicación o acceso territorial”. La coordinación con los municipios deberá contemplar las zonas donde una crecida puede interrumpir accesos y comunicaciones.
Prevención y disponibilidad presupuestaria
“La prevención debe entenderse como una inversión pública estratégica”, afirma la iniciativa. Al mismo tiempo, sujeta la asignación de recursos materiales y humanos “a las disponibilidades presupuestarias y a los procedimientos que establezca la reglamentación”.
Esa condición coloca el debate también en el terreno de las partidas: la declaración de emergencia deberá acompañarse de capacidad operativa para limpiar cauces, revisar defensas y atender la infraestructura crítica.
Si avanza en la Legislatura, el Ejecutivo y los intendentes tendrán que definir qué intervenciones priorizar y con qué recursos ejecutarlas antes de que las tormentas de verano pongan a prueba los accesos y servicios de las localidades más expuestas.
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